Facenda dará más facilidades a los gallegos para aplazar el pago de impuestos
Solo les exigirá una garantía en caso de que su deuda tributaria supere los 50.000 euros
La Consellería de Facenda dará más facilidades a los contribuyentes para aplazar el pago de impuestos autonómicos. Solo les exigirá garantía en caso de que la deuda supere los 50.000 euros, un límite que se amplía pues hasta ahora se les pedía este requisito a partir de los 30.000 euros. La Xunta justifica este cambio en el actual contexto económico y el incremento de precios que afecta a las familias.
Según la orden publicada ayer el Diario Oficial de Galicia (DOG), no se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas de los tributos autonómicos cuando su importe en conjunto no exceda la cifra de 50.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago.
La Xunta permite a los contribuyentes aplazar o fraccionar el pago de impuestos de competencia autonómica. El pasado año fueron 3.115 los gallegos que lo solicitaron, un 14 por ciento más que en 2021 y la cifra más alta desde 2016. Eso supuso postergar el pago de tributos por una cuantía que superó los 13,1 millones de euros.
“El actual contexto económico, derivado tanto de la invasión rusa de Ucrania como del choque de oferta que viene sufriendo la economía europea asociado a la escalada de precios de la energía ha favorecido un incremento de precios que genera enormes dificultades de nuestras economías domésticas y sectores económicos”, alega la Consellería de Facenda. Por eso, considera necesario “fomentar las facilidades de pago” a los contribuyentes.
Por ley ya estaba contemplada la posibilidad de introducir excepciones a la exigencia de garantías cuando se piden aplazamientos. Estas garantías pueden consistir en un aval de un banco, una hipoteca etc.
En 2016 se fijó que no sería necesario presentar esta garantía en deudas que no superasen los 30.000 euros. Siete años después la Xunta ha decidido ampliar este límite.
La norma impulsada por Facenda persigue, según aclara el departamento que dirige Miguel Corgos, ayudar a los contribuyentes que “sufren dificultades económicas de carácter transitorio”.
En la última década, según los datos de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) casi 30.000 contribuyentes han solicitado el aplazamiento o fraccionamiento del pago de impuestos autonómicos. La cifra más elevada se registró en 2012 justo después de la recesión económica derivada de la caída de Lehman Brothers.
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