Galicia pagará el triple por los intereses de su deuda: de 100 a 300 millones en 2026

La subida de tipos de interés que ha disparado casi en 200 euros más el coste medio de las hipotecas en Galicia también repercute sobre las administraciones públicas. La Xunta trató de adaptar sus pólizas para lograr liquidez el año pasado al inicio de ese encarecimiento del crédito, que de momento no ha cesado, pero su factura solo en intereses se triplicará en 2026 respecto al año pasado: de 102 millones pasará a abonar 306.

Esa proporción se sitúa por encima de la media estatal del 140% de aumento, según un estudio publicado ayer por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), financiada por grandes empresas y banca, y elaborado por Manuel Díaz, Carmen Marín y Diego Martínez. Las comunidades pagaron el año pasado, según sus cálculos, 3.608 millones de euros en intereses de una deuda global de casi 317.000. Esas cifras pasarán a ser de 4.174 y 325.853, respectivamente, este año y de 8.659 y 325.540 en 2026.

El caso gallego registra un incremento constante de la factura en intereses, desde los 102 de 2022 a 124 este año, 166 en 2024, 227 en 2025 y 306 en 2026, lo que constituye un plus de 204 millones en ese período, con unos tipos de interés en el entorno del 1% actualmente y del 2,7% en 2026.

El estudio llama la atención sobre el impacto de esta cuestión en un momento en el que finaliza la prórroga para no aplicar las reglas de gasto europeas y el calendario obligatorio para lograr superávit contable, que se suspendió debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020. De esa manera, en 2023 se permitirá un déficit autonómico del 0,3% del PIB, mientras que el año pasado deberían obtener equilibrio fiscal y un superávit del 0,1% en 2025 y 2026, “que se destinaría a amortizar deuda pública”, establece el estudio. La propia Ley de Sostenibilidad Financiera y la reforma exprés de la Constitución la década pasada así lo imponen.

En ese escenario, el peso de la deuda respecto al PIB autonómico irá descendiendo, desde el 23,9% del año pasado al 20,3% en 2026 a nivel general, mientras que en el caso gallego la previsión pasa por el 17,2% del año pasado, el 16,6% de este, el 15,8% en 2024, el 15,2% en 2025 y el 14,7% en 2026.

A pesar de ello, el coste financiero de la deuda subirá “de manera significativa”, lo que “obligaría a redireccionar recursos crecientes desde otras políticas públicas al servicio de la deuda, circunstancia poco óptima y menos deseable”, apunta el estudio.

Por ello, reclama prudencia para que los servicios públicos no paguen la factura, incluso revisando las promesas de reducir impuestos, como han hecho autonomías como la Xunta, que debilitarían la capacidad para hacer frente al nuevo escenario. “Embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales”, apunta el estudio, para abordar la devolución de una deuda que, con las reglas de gasto suspendidas, ha generado menos problemas.

Además, las comunidades deberán “calibrar con mucha prudencia todas las políticas fiscales expansivas” de los próximos años, porque según Fedea es seguro que “se enfrentarán a restricciones presupuestarias menos laxas”.

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