La Xunta relaja las exigencias de habitabilidad para favorecer la reforma de viviendas

Facilitará también el uso residencial de bajos comerciales al eliminar requisitos como que las ventanas estén situadas a determinada altura

Un bajo comercial en alquiler.

Un bajo comercial en alquiler. / MARTA G. BREA

Paula Pérez

Paula Pérez

Los fondos europeos están permitiendo dar un fuerte impulso a la rehabilitación en Galicia. Sin embargo, estas reformas se están encontrando con varios obstáculos, entre ellos, las normas de habitabilidad, que obligan a que estas remodelaciones cumplan con una serie de exigencias como la superficie mínima de las estancias, la disposición de baños y aseos o la instalación de tendales y lavaderos. Esto hace desistir a muchos propietarios. Por eso, la Xunta ha decidido reformar el decreto que regula las normas de habitabilidad. Su intención es flexibilizar estos requisitos para favorecer las rehabilitaciones.

“Se impedía en muchas ocasiones al propietario remodelar la vivienda a su gusto”, explicó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Tras la reunión semanal del Gobierno gallego, explicó que el decreto que reforma las normas de habitabilidad, que datan de hace trece años, saldrá hoy a exposición pública y se aprobará antes de que acabe el año.

Pero la flexibilización de requisitos para la rehabilitación no será la única novedad de esta nueva normativa. La Xunta quiere poner remedio a “la evidente sensación de degradación que produce en las ciudades tener muchos bajos abandonados tanto en el centro como en los barrios”, sobre todo mientras la oferta de vivienda en alquiler es cada vez más escasa.

Locales comerciales

Por ello facilitará la conversión de bajos en viviendas. “No se trata de evitar el uso comercial de los locales sino de posibilitar otros”, aclaró Rueda.

Ahora mismo ya se pueden transformar bajos en inmuebles residenciales, pero deben cumplir con una serie de exigencias que, en la práctica, impiden que muchos de estos locales cambien de uso.

El pasado mes de abril la Consellería de Medio Ambiente reunió al Observatorio de Vivenda y ya anunció su intención de reformar las normas de habitabilidad para facilitar la transformación de bajos en viviendas. Rueda concretó ayer en el Consello de la Xunta algunos de esos cambios.

Así, hasta ahora se exigía, en aras de preservar la intimidad, que las ventanas de esos bajos estuvieran situadas a una determinada altura. Este requisito desaparecerá con el nuevo decreto.

También se flexibilizan los requisitos que debe cumplir un inmueble para que pueda ser considerado exterior, condición obligada si quiere tener un uso residencial.

Si, por ejemplo, se derriba un edificio al lado de un bajo comercial que le permita a éste abrir una ventana hacia fuera, no podría ser considerado exterior hasta que el ayuntamiento modificase su plan de ordenación urbanística. Con la reforma que acometerá la Xunta ya no será necesario cambiar el planeamiento urbano para que este inmueble pueda ser considerado exterior y, por lo tanto, reconvertirse en residencial.

Sareb

También en materia de vivienda la Xunta avanzó ayer que comprará otras 40 viviendas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como el “banco malo”, por 3,5 millones de euros para destinarlo a alquiler social.

Estas se sumarán a otras 65 viviendas cuya compra ya había autorizado previamente el Gobierno gallego.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo tenía ya cedida la gestión de estas 40 viviendas y ahora lo que hace la Xunta es adquirirlas e incorporarlas al parque público de viviendas en alquiler que alcanza así las 3.700. Los inquilinos que ocupan ahora mismo estos pisos, que se corresponden con personas en situación de vulnerabilidad, podrán seguir viviendo en ellos.

El Consello de la Xunta hizo balance además del programa “Xempre Emprendemento” con el que se inyectó una media de 8.716 euros de ayuda a 1.146 emprendedores que decidieron montar su empresa después de la pandemia.

Por último, el Gobierno gallego dio luz verde a la programación de las actuaciones para la puesta en valor de los bienes de interés cultural del Camino de Santiago con actuaciones en un total de 12 inmuebles y una partida económica de 23,7 millones de euros.

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El cese de Isabel Pardo de Vera como secretaria de Transportes ha dejado a Galicia sin su principal valedora en materia de infraestructuras. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree, sin embargo, que “los compromisos políticos y territoriales no dependen de personas”. “Mal vamos si todos los compromisos con una comunidad autónoma dependen de una cuestión personal y de quién esté ejerciendo esa responsabilidad. Espero que no sea así”, advirtió Rueda.

En todo caso, el titular de la Xunta desacreditó la labor de Pardo de Vera: “llevaba unos cuantos años en el cargo y lo que está pendiente en infraestructuras en Galicia, sigue pendiente”. Así recordó la llegada de los trenes Avril, el derrumbe del viaducto de la A-6 o el traspaso de la AP-9. En este sentido, Rueda pidió al sucesor de Pardo de Vera “compromisos reales” con la comunidad.

También se quejó de que Galicia aún no haya sido convocada a ninguna reunión con el nuevo comisionado para el Corredor Atlántico, a quien le pidió “que se ponga a trabajar, con cifras y presupuestos, y que recupere el tiempo perdido”.

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El Gobierno ha asignado a Galicia hasta la fecha 1.266 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se nutre de los fondos europeos implementados por Bruselas para reactivar la economía tras la pandemia.

Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aclaró ayer que, de momento, se abonaron 1.122 millones de euros y reclama al Gobierno el pago de los 144 millones que quedan pendientes.

Un día después de que la misión europea enviada a España para controlar la gestión de los fondos presentara sus conclusiones, Rueda defendió que, pese a los “retrasos” en la recepción de las ayudas, Galicia cumple con un “nivel de ejecución notable”. De los 1.122 millones recibidos, ya publicaron las convocatorias de ayudas para movilizar 747 millones y la mitad de estos fondos ya se asignaron. Se beneficiaron 7.000 autónomos, 370 empresas, 12 entidades del sector público, 27.000 particulares y 130 organismos y asociaciones.

Los eurodiputados que vinieron a España a controlar los fondos no vieron fraude pero pidieron más transparencia. Rueda cree que el Gobierno debe cambiar su forma de gestionar las ayudas europeas tras “este toque de atención”.