Hacienda lanza un salvavidas de 65 millones para que 50 concellos paguen sus facturas

La crisis de precios que se generó durante el año pasado y que todavía dificulta llegar a fin de mes a cientos de miles de familias también golpeó a concellos y diputaciones, hasta el punto de que el número de esas administraciones que paga tarde sus facturas creció un 30% hasta rozar el centenar, según los últimos datos disponibles, correspondientes al pasado mes de septiembre. El Ministerio de Hacienda lanza ahora un salvavidas para saldar deudas con los proveedores a casi medio centenar de ayuntamientos por un montante máximo de 65,3 millones de euros.

Desde hace dos años, el Gobierno cuenta con un mecanismo para facilitar a las entidades locales con problemas para abonar servicios en el plazo legal máximo de un mes de media, aunque por primera vez permite la suma de municipios de forma voluntaria. Se trata de la concesión de préstamos para ayudar a las que sufren problemas puntuales y para forzar a las que los padecen de forma crónica. Este año, 48 municipios se beneficiarán de este adelanto de dinero, que, a cambio de aplicar recortes, les permitirá pagar sus deudas con terceros antes de las elecciones municipales del 28 de mayo. “Los préstamos que se formalicen tendrán un período de amortización de hasta el 31 de marzo de 2035. Además, se establece un período de carencia de cuatro años”, establece el departamento dirigido por María Jesús Montero.

La aceptación de estos fondos no resulta gratis, pues además de la aceptación de un plan de ajuste para cuadrar cuentas, los receptores pagarán intereses. “Se les aplicará un mismo tipo de interés fijo equivalente al rendimiento medio de la Deuda Pública del Estado”, según especifica el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos tomado el pasado día 6.

El llamado Fondo de Ordenación consta, por primera vez, de dos vías: la obligatoria y la voluntaria. En el primer caso, Hacienda ejecuta de oficio este sistema para las entidades locales “que incumplan reiteradamente el plazo máximo de pago a proveedores”, en alusión a los que superen en 30 días el actual límite de plazo medio de pago de un mes. El segundo se establece por primera vez y abre la posibilidad a quienes superen el tope legal a adherirse a un sistema que les permite zanjar sus deudas con unas condiciones ventajosas, pues disponen de doce años para devolver a la hucha central de Hacienda el dinero recibido.

La vía obligatoria afecta a doce concellos gallegos por un importe máximo de 17,2 millones de euros, según la información desvelada por Hacienda. En ese listado, destaca O Porriño, que logrará 6,6 millones de euros. A este ayuntamiento pontevedrés se unen, A Cañiza (1,4 millones) y Cuntis (1,3) en la misma provincia. De Lugo está incluido Pol, con 1,8 millones y de Ourense, A Rúa (1,5), A Bola (0,2), Xunqueira de Ambía (0,5), Maceda (0,3), Nogueira de Ramuín (0,8), Porqueira (0,6), Pontedeva (0,06) y Rairiz de Veiga (0,6).

El grueso del montante, sin embargo, lo asumen los 36 concellos adheridos a este Fondo de Ordenación de forma voluntaria para sacarse de encima la deuda con terceros. De cumplir los requisitos exigidos, además, recibirían los préstamos solicitados a Hacienda el 22 de mayo, seis días antes de las elecciones municipales.

En ese listado destacan dos ayuntamientos, que suponen las dos únicas ciudades beneficiadas de este mecanismo: Santiago y Ourense. Con datos del pasado septiembre, la primera alcanzaba un periodo medio de pago a proveedores de 70 jornadas y la segunda llegaba a los 85. En ese contexto, ambas se han agarrado al salvavidas lanzado por Hacienda. La capital de Galicia obtendrá 19,6 millones mientras que la ciudad de As Burgas llegará a 7,7.

A esos ayuntamientos se unen Arbo (0,3), Baiona (1,2), Catoira (0,9), Forcarei (0,4), Agolada (0,6), Pazos de Borbén (0,5), Rodeiro (0,1), Salceda de Caselas (2,2), Valga (1,6) y Vilanova de Arousa (0,5) en la provincia de Pontevedra. En Ourense se beneficiarán Barbadás, Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Coles, Cortegada, Chandrexa de Queixa, Esgos, Gomesende, A Gudiña, Larouco, Monterrei, Pobra de Trives, Ramirás, Ribadavia, Riós, San Amaro y A Veiga; de A Coruña, A Baña, Camariñas, Fisterra, Mugardos, Ponteceso, Rois, Val do Dubra y Vilasantar; y de la provincia de Lugo, Barreiros, Outeiro de Rei, Pantón, Portomarín y Quiroga.

El préstamo obliga a los concellos receptores del dinero a aplicar planes de ajuste, consistentes en tomar medidas para garantizar no solo la devolución del dinero a las arcas estatales, sino también a evitar retrasos en el abono a los proveedores. Esos ajustes incluirán fijar ingresos corrientes suficientes para financiar los gastos municipales y amortizar deuda y “adecuar los gastos de funcionamiento [...] al promedio de ingresos corrientes”, según determina Hacienda.

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