A finales de agosto, el concello de Vigo licitaba por 1,4 millones de euros las obras de musealización de la fortaleza de O Castro. El 13 de septiembre, Cangas realizaba la misma acción para mejorar el saneamiento de la playa de Francón y el 30 de ese mes, Vila de Cruces reservaba 179.000 euros para mejorar los caminos de ocho de sus parroquias. Este goteo de licitaciones de obra pública municipal bate récords en Galicia, azuzado por la cercanía de las elecciones municipales de mayo, que obliga a sacar a concurso cuanto antes proyectos para trasladar a los vecinos lo que se quiere hacer y mostrar acción de gobierno, pero también por la llegada a las oficinas locales de proyectos que el COVID surgido a comienzos de 2020 había paralizado, creando un cuello de botella. La necesidad de ejecutar fondos europeos para no perderlos se añade como tercer gran factor que explica que durante los nueve primeros meses del año, las entidades locales gallegas hayan licitado casi 368 millones de euros en obra pública, 10 más que el año pasado en el mismo período, pero 30 más que no solo en 2020, sino en 2019, antes de la pandemia. En julio, agosto y septiembre impulsó proyectos por 141 millones.
Peatonalizaciones, mejoras de caminos rurales, adecentamiento de polideportivos o centros culturales... las licitaciones de las administraciones locales engloban diversas actuaciones, que durante los nueve primeros meses del año han sumado proyectos por 367,7 millones, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Con este volumen de licitaciones –que significa identificar un proyecto y sacarlo a concurso para luego adjudicarlo a una empresa con un tiempo fijado para que lo finalice–, las entidades locales mantienen la tónica del primer semestre y se acercan a los datos totales de la Xunta.
El Ejecutivo autonómico licitó 377,2 millones en obras y la administración general del Estado, 488,7. Al cierre de septiembre del año pasado, los concellos se situaban en 358, la Xunta en 455 y el Gobierno central en 626.
Para que los proyectos puedan estar en marcha e incluso acabados antes de las municipales y los alcaldes puedan mostrar ante sus vecinos parte de su balance en forma de ladrillo o caminos, es necesario darse prisa. Eso sí, la reforma de la Ley Electoral de 2011 les impedirá desde la convocatoria electoral, prevista para finales de marzo, inaugurar cualquier obra y realizar visitas propagandísticas.
Aun así, fuentes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) matizan que las causas son variadas y apuntan a la parálisis administrativa por el COVID en 2020, que fue retrasando proyectos desde entonces. También reconocen la urgencia para no perder fondos europeos Next Generation, condicionados a cumplir un estricto calendario de ejecución para no perder el dinero.
Las urgencias muestran que en pleno verano, en el tercer trimestre del año, concellos y diputaciones aceleraron sus trámites y licitaron un total de 141 millones de euros en proyectos, lo que significa una media de 47 millones mensuales. Durante el primer semestre, la media fue de 37 para sumar 226 millones.
En julio, agosto y septiembre, las administraciones locales, coincidiendo con período vacacional, batieron al resto de administraciones en cuanto a licitación de obra. La Xunta sumó 114 millones de los 377 acumulados en todo el año y la administración central, 103 de 488.
De los 1.233,7 millones licitados a nivel gallego en total, 434,8 corresponden a edificaciones y 798,9 a infraestructuras.
