La Xunta se ha sumado finalmente a la carrera de rebajas fiscales que han emprendido comunidades del PP como Madrid, Andalucía o Murcia, pero lo ha hecho a medias, al menos en el Impuesto de Patrimonio. Pues mientras las otras autonomías conservadoras comprometieron la supresión total de este tributo que grava a las rentas más altas, el Ejecutivo gallego solo lo rebajará al 50% a partir del próximo año, al aplicar una bonificación adicional del 25% sobre el ya en vigor descuento del 25%. Por tanto, Galicia se queda a mitad de camino del emprendido por otras comunidades de sus mismas siglas.
La rebaja fiscal gallega tendrá un impacto de unos 17 millones para las arcas autonómicas, ya que en 2020 ingresaron 66,6 por este tributo, que solo se aplica a los ciudadanos con más de 700.000 euros en bienes –sin contar hasta un máximo de 300.000 euros del valor de la vivienda habitual– y, en general, a aquellos que superen los dos millones. En 2020, hubo 8.242 gallegos que tuvieron que declarar este impuesto, de los cuales 7.646 debieron abonar el tributo. Así que la rebaja de los 17 millones solo afectará a este reducido grupo de contribuyentes, a razón de unos 2.220 euros de bonificación anual por cabeza de media.
Desde que el lunes Andalucía –y posteriormente Murcia– avanzaron que en sus presupuestos del próximo año reducirían la presión fiscal y eliminarían el Impuesto de Patrimonio como ya hizo Madrid, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se negó a entrar en esta espiral de recortes de tributos. Se le preguntó varias veces y Rueda se escudó en que Galicia seguiría su “propia senda”, independientemente de lo que hicieran otros territorios, aunque fueran del PP. El jueves, tras el Consello de la Xunta, se le volvió preguntar y respondió con las mismas evasivas, añadiendo además que no se sentía presionado por sus compañeros de partido.
Cambio de rumbo
Sin embargo, ayer cambió el paso –en menos de 24 horas– y en un acto con empresarios en A Coruña anunció la rebaja de un 25% del Impuesto de Patrimonio para llegar a una bonificación final del 50%.
“Es mucho mejor bajar impuestos que subirlos”, defendió en su intervención “Competitividade e innovación para unha Galicia con máis certezas”, al tiempo que sostuvo que en Galicia hay “estímulos” para crear “un clima favorecedor” en determinadas cuestiones.
Añadió que la Xunta estaba estudiando “otras medidas” en materia fiscal, pero confirmó que no subirá impuestos. “Estamos acabando de terminar un presupuesto serio al que le faltan variables importantes para acabar de cerrarlo”, indicó. Precisamente, el próximo martes comparecerá en el Parlamento para avanzar las líneas generales de las cuentas de la comunidad autónoma para el próximo año.
Preguntado por si bajará los impuestos sobre el combustible, que en Galicia se aplican con el tramo autonómico más alto, se escudó en que los presupuestos todavía están en elaboración, pero matizó que “la Xunta no puede llegar a todo ni hacerlo todo en solitario”.
En su conferencia consideró que la sociedad tiene una serie de “retos” que “no son nada sencillos”, con cuestiones como el precio del gas, la inflación, o la ejecución de fondos europeos, en las que “lo único que es una certeza hoy en día es la duda, la incertidumbre”. “Lo construido en los últimos años, en las últimas décadas, está, como mínimo, tambaleándose”, aseguró.
Última incorporación
Galicia es la última autonomía del PP en incorporarse a la carrera de las rebajas fiscales, cuya senda la inició Isabel Díaz Ayuso al frente de la comunidad de Madrid. Justo antes del verano, la Junta de Castilla y León anunció varias rebajas impositivas, recogidas en el acuerdo de investidura entre el PP y Vox, como la bajada del IRPF al 9%, una fiscalidad diferenciada para el medio rural y la supresión o congelación de varias tasas autonómicas.
El lunes fue el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, el que avanzó su ofensiva fiscal, que incluye la deflactación del IRPF, como también anunció Madrid, además de la supresión del Impuesto de Patrimonio, que le suponen 96 millones anuales para las arcas autonómicas. Moreno Bonilla destacó que la eliminación de este tributo le iba a permitir a Andalucía atraer a inversores y mirar “de tú a tú” a Madrid y Cataluña.
Y la siguiente en entrar en la carrera fue Murcia, también del PP, con más rebajas fiscales y el compromiso de estudiar la bonificación total del Impuesto de Patrimonio. “Vamos a poder eliminarlo porque vamos a tener ingresos extraordinarios, al igual que está teniendo el Gobierno central”, aseguró ayer su presidente, Fernando López Miras.
La supresión de este tributo supondrá un ahorro para las rentas más ricas de Murcia de 27 millones de euros anuales.
Pero no solo las comunidades del PP se animan a rebajar la presión fiscal. También lo hará el País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció una nueva deflactación del IRPF que entraría en vigor el 1 de enero de 2023 para atenuar la inflación subyacente prevista, una medida que se enmarca dentro de un programa denominado Hitzartuz, dotado con 400 millones.
Calviño exige a Feijóo que ponga orden en la “carrera fiscal destructiva” del PP
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, instó ayer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que “ponga un poco de orden” en la carrera fiscal iniciada por comunidades gobernadas por su partido a cuenta del Impuesto de Patrimonio porque es “muy destructiva”.
Para la ministra, se trata de una “dinámica irresponsable, incoherente y destructiva para el conjunto del país” y por ello hay que hacer una llamada “a que alguien ponga orden en el Partido Popular y que se pare o se revierta esta carrera a la baja, que además no contribuye en absoluto a la progresividad y a la justicia en el sistema fiscal”, expresó Calviño en una entrevista con la Televisión del Principado de Asturias.
En una posterior comparecencia en Oviedo junto con el presidente del Principado, Adrián Barbón, Calviño insistió en la necesidad de que los líderes autonómicos del PP que han planteado la supresión del Impuesto de Patrimonio “rectifiquen” porque ello supone “desmantelar el estado de bienestar”. Añadió que Andalucía es la segunda autonomía por la cola en gasto en sanidad por habitante, solo por detrás de Madrid, mientras que Murcia tiene “un problema de elevado endeudamiento”, lo que evidencia una falta de responsabilidad fiscal.
Pedro Sánchez
Desde Nueva York también terció en la polémica el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para advertir que la rebaja fiscal a quien realmente beneficia es a Madrid, que ejerce de efecto “arrastre” por ser la capital de España.
“Ninguna persona con un gran patrimonio va a cambiar su residencia fiscal de Madrid a otro lugar, sino que sucederá al contrario”, avisó.
Para el BNG, un "pelotazo"
En Galicia, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó de “burla” y “pelotazo fiscal” la rebaja del tributo y acusó a Rueda de estar “al servicio” de la dirección de su partido en Madrid y de gobernar “para una minoría”. “Es una burla que Rueda decida bajarle los impuestos a los 7.000 millonarios mientras las familias, la clase trabajadora, las personas autónomas no llegan a fin de mes”, sostuvo la líder nacionalista.
Para Pontón, la medida que estará incluida en los presupuestos del próximo año 2023 “significa menos recursos para sanidad, para educación, para dependencia o para luchar contra el cambio climático”. “En definitiva supone quitarle recursos a la mayoría justo en la mayor crisis de precios en cuarenta años”, censuró. Dado que la rebaja fiscal para los grandes patrimonios de Galicia se produce tras la eliminación de este impuesto en Andalucía y Murcia, comunidades gobernadas por el PP, para Pontón es una evidencia de que el Ejecutivo gallego está “a servicio” de lo que marca su partido en Madrid.
Una "decepción" para el PSOE
Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ve “decepcionante” comprobar que “la primera medida fiscal” de Rueda, “tiene que ver con beneficiar a los más ricos”. “Estamos hablando de que le va a bajar los impuestos al 0,02% de la población gallega, mientras el 99% siguen esperando que esa rebaja de impuestos llegue en su tramo de IRPF correspondiente”, reprobó el secretario xeral de los socialistas gallegos.
Penalización por las rebajas fiscales
Desde Valencia, su presidente, Ximo Puig, reclamó a Pedro Sánchez que el “esfuerzo fiscal” que realizan las autonómicas se compute a la hora de distribuir los ingresos del Estado, frente a las regiones que pretenden practicar un “desarme fiscal”. En el fondo, lo que pide es que el Estado penalicen el reparto de fondos a las autonomías que bajen impuestos.
