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El alza de precios reduce la concurrencia de empresas a contratos de obras de la Xunta

La falta de trabajadores desanima también a las firmas a participar en las licitaciones | En los concellos hay concursos que quedan desiertos y se ha frenado la ejecución de proyectos

Obras del Hospital Montecelo, en Pontevedra. | // GUSTAVO SANTOS

El encarecimiento del precio de la energía y el alza de los precios amenaza con paralizar obras públicas. A las empresas no les salen las cuentas y temen trabajar a pérdidas si se ciñen a los importes que les ofrece la administración en las licitaciones. La Xunta reconoce que cada vez son menos las firmas que concurren a los concursos públicos de la Axencia Galega de Infraestruturas. De momento, solo uno de los 47 contratos de obra que ha licitado se quedó desierto: se trata del centro integral de salud Olimpia Valencia de Vigo. Sin embargo, en los concellos la situación es más grave y ya son varias las obras que no se han podido iniciar porque no hay empresas interesadas o bien han tenido que ser paralizadas por las constructoras ante los sobrecostes inasumibles.

La Confederación Nacional de la Construcción ha alertado de que el desabastecimiento y encarecimiento de las materias primas ha disparado los costes de media un 22,2%. Lo que más ha subido es la madera (125%), seguida de la piedra (68%) y el cobre (63%).

Ante esta situación la Xunta estableció a finales del pasado año un mecanismo que permite la revisión al alza de los contratos de obra pública para evitar su paralización. El objetivo es compensar a las empresas por los sobrecostes que sufren o modificar los materiales previstos en el proyecto por otros más baratos. El Gobierno, sin embargo, cree que este cambio legal entra en colisión con sus competencias y ha abierto una negociación con la Xunta para resolverlo. El Ejecutivo central tiene, de hecho, su propio sistema de revisión de costes en obras públicas, aunque más restrictivo que el que ha fijado la Administración gallega.

Renegociación

En Galicia ya han sido varias las empresas que han renegociado contratos con la Xunta por el alza de precios. A pesar de ello, los contratos de obra pública han perdido atractivo para las constructoras. “Hemos detectado que la concurrencia de empresas se ha reducido, así como las bajas en las ofertas presentadas por los contratistas”, explican desde la Consellería de Infraestruturas. “Las empresas seleccionan mejor los proyectos a los que concurren”, argumentan.

“Las empresas seleccionan mejor los proyectos a los que concurren

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Desde la Federación Gallega de la Construcción aclaran que la escasa concurrencia de empresas a contratos de obras públicas se explica no solo por el encarecimiento de precios. Hay otro problema que atenaza al sector: la falta de mano de obra. Además esto coincide con un momento en el que las constructoras “tienen mucha carga de trabajo” fuera del sector público por la movilización de fondos Next Generation y, mientras en el ámbito privado hay capacidad de negociación entre las partes para revisar al alza los contratos, en la administración “las rigideces son mayores”.

A pesar de la menor concurrencia de empresas, la Axencia Galega de Infraestruturas defiende que la contratación se está haciendo “con normalidad”. El contrato para construir el centro Olimpia Valencia de Vigo que quedó desierto ha tenido que elevarse desde los 12,8 millones a los 14,8 para hacerlo más atractivo para las empresas.

Sin embargo, el encarecimiento de costes no solo afecta a los contratos de obras públicas. En la Consellería de Educación también quedó desierto por culpa del alza de precios el contrato para que alumnos de Bachillerato realicen estancias en el extranjero para aprender idiomas, dejando en la estacada a 500 estudiantes.

La peor parte, sin embargo, se la llevan los concellos. En Gondomar ninguna empresa se ha presentado a los dos concursos públicos que el Concello ha convocado en los últimos diez meses para la reforma del centro social. A esto se suma la paralización de proyectos que se estaban ejecutando ante la imposibilidad de las empresas de asumir los sobrecostes. Es el caso del parque acuático de Monterrei, en O Pereiro de Aguiar, o del centro de atención para discapacitados de Ourense que han sido parados por este motivo. En el concello ourensano de A Veiga se interrumpieron obras por valor de 400.000 euros.

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