La reforma laboral del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos es una de sus banderas, pero a ella se une otra norma que pretende atajar la temporalidad en la administración hasta el 8%, medida impuesta por Bruselas a cambio de las ayudas del plan de recuperación contra el COVID, que pueden llegar a 140.000 millones de euros. De momento, el sector público tiene trabajo, pues en Galicia uno de cada tres empleados de Xunta, Gobierno o entidades locales cuenta con un empleo temporal. El 29% de este sector supera en un 50% a la tasa de las empresas privadas, situada en el 20%.
La brecha entre ambos sectores crece, pues era de 6,4 puntos en el primer trimestre del año pasado y ahora es de 9,3 entre enero y marzo de este ejercicio, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. En cifras absolutas, los asalariados del sector privado con contrato temporal son 142.900, 1.100 más que en el mismo período del año pasado, aunque casi 16.000 menos que en el último trimestre del año pasado. Las comparaciones deben realizarse entre las mismas fechas para que no interfiera el elemento estacional.
Por el contrario, en el sector público, los contratados temporalmente suman en Galicia 57.500, seiscientos más que un año antes. El porcentaje, sin embargo, sí que cambia. Entonces era el 28,1% y ahora es el 29,7%. En el caso del sector privado pasa del 21,7% al 20,4%.
En cifras absolutas, el sector público pierde también un poco de peso sobre el conjunto de trabajadores. En el primer trimestre del año pasado, suponía el 23,4% del total (199.400 empleados), mientras que ahora se sitúa en el 21,7%, lo que supone una cifra de 193.400, el dato más bajo desde mediados de 2020, después del bum de contrataciones vinculadas a las necesidades generadas por el COVID y a las bajas laborales, que obligaron a realizar miles de sustituciones. Mientras, los empleados del sector privado crecen de 652.400 a 698.800 en este arranque de 2022, según la EPA.
La reducción de la temporalidad constituye ahora una obligación establecida por la Ley de Medidas para la reducción de la temporalidad en el empleo público de diciembre pasado, que obliga a convocar oposiciones para consolidar interinos antes del 1 de junio.
En el caso de la Xunta, la Consellería de Facenda ya cuenta con una planificación y cifra en 4.946 los trabajadores temporales que deberán ser convertidos en fijos. Para ello, existen dos vías. Una pasa por un concurso de méritos sin oposición, que afecta a 4.537. La otra obliga a un examen a 409, según los datos avanzados por FARO el mes pasado.
Estas cifras se refieren únicamente a la administración general de la Xunta, pues Sanidad y Educación realizan este proceso, como todas las ofertas de empleo, por su cuenta. En el último caso, estabilizará por concurso de méritos a 1.155 docentes y por concurso-oposición a 125.
Ni Gobierno central ni entidades locales han aclarado cómo les afecta en Galicia esta normativa, pero la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) sí reconoció que la anulación de los contratos de obra impuesta por la reforma laboral ponía en jaque a muchos concellos. Desde abrir pasado, los empleos estacionales debían pasar a la categoría de fijos discontinuos. Este organismo no ha aclarado el impacto de esta medida sobre los concellos.
La provincia de Pontevedra es la que menos asalariados de la administración pierde
La pérdida de 6.000 empleados públicos en Galicia en el último año se divide de forma desigual entre las cuatro provincias, con Pontevedra en un lugar destacado, pues es la que menos siente el golpe, motivado por las jubilaciones y las limitaciones para reponer vacantes, así como por la reducción de plantillas adicionales vinculadas a la lucha contra la pandemia de COVID.
La provincia pontevedresa se sitúa en el arranque del año con 55.300 asalariados de administración central, Xunta, concellos, diputaciones y otros organismos públicos. Se trata de apenas 400 menos que un año antes.
Lugo presenta un comportamiento opuesto, con una caída siete veces mayor, pues alcanza los 2.700 trabajadores. Pasa de 28.700 a 26.000, según la última Encuesta de Población Activa.
En el caso de Ourense, el descenso también resulta pronunciado, con 1.700 menos hasta situarse en un total de 24.700.
En A Coruña, la reducción alcanza los 1.200, al pasar de 88.600 entre enero y marzo del año pasado a 87.400 en el mismo período del presente ejercicio.
Por edades
La EPA permite también realizar una radiografía etaria de las plantillas públicas en Galicia, cada vez más envejecidas. En una década, el porcentaje de trabajadores de la administración que supera los 45 años ha aumentado del 55,4% de 2012 al 65,7%, actual. En la actualidad, el 1,3% se encuentra entre los 16 y los 24 años; el 9,7%, entre los 25 y los 34; el 23,1%, entre los 35 y los 44; el 34,7%, entre los 45 y los 54; y el 31% desde los 55. Hace una década, los porcentajes eran del 2%, 14,8%, 27,5%, 33,5% y 21,9%, respectivamente, de acuerdo con la misma fuente de datos.
El envejecimiento de los empleados públicos se debe a las restricciones impuestas a comienzos de la década pasada a las contrataciones y cobertura de vacantes por jubilación, con las que se pretendía controlar el déficit público en plena crisis financiera y evitar la intervención de toda la economía española.
