El campus del futuro que dibuja el Gobierno central en su propuesta de reforma de la ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que incorpora alumnos con más derechos, rectore de un solo mandato o apuesta por la formación continua mediante microcursos, no entusiasma a la Xunta. Ya el pasado septiembre, la Administración autonómica consideraba el plan del Ministerio de Universidades una oportunidad perdida para la adapción al futuro de la educación superior, enfatizado que las comunidades, que aportan el grueso de la financiación, no fueron consultadas. En mayo, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, calificaba el proyecto de “cobarde” por no abordar los principales desafíos que debe afrontar el sistema o “no aportar los recursos necesarios”.

El secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, volvía ayer a incidir en estos aspectos tras la celebración de la Conferencia General de Política Universitaria. De la reunión la Xunta salió, según trasladó en un comunicado, con la convicción de que la futura ley sigue “sin solucionar los problemas estructurales” de los campus y con la advertencia de que puede “generar desigualdades en el sistema”. Díez de Castro aludió con escepticismo al mandato normativo que conmina a destinar un 1% del PIB a la educación universitaria sin que eso, apuntan desde Educación, “lleve aparejado ningún compromiso financiero por parte del Estado”. Al respecto, indicó que la dependencia financiera de las aportaciones autonómicas “es muy fuerte” y “anecdótica” la del Estado.

El reitor de la Universidade de Santiago, Antonio López, se refería hace unos días a ese punto para aplaudir que el compromiso del 1% –una vieja reclamación de los campus gallegos– quede formulado, porque los cambios exigen recursos. Con todo, reconocía que muchas de las potencialidades del anteproyecto están supeditadas a la “implicación”, en términos de financiación, de las administraciones, en particular la Xunta.

En lo que atañe a la financiación de las universidades, la Xunta insistía ayer en que Galicia ya cumpliría “de sobra” con las exigencias fijadas en el texto normativo con los planes quinquenales, como el último, que estará vigente hasta 2026.

Asimismo, las críticas del Gobierno gallego a la norma se dirigen a la “desregularización de temas de gran importancia” como “las acreditaciones, el desarrollo de figuras contractuales en el personal docente” o a la gobernanza, lo que puede generar, avisa Díez de Castro, a “desigualdades no deseables”. El Ejecutivo gallego habla de “dejación de funciones” de su homólogo central en este ámbito y Educación advierte que eso puede suscitar una “heterogeneidad” de regulaciones en todo el país. También el reitor de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, había mencionado que el texto “deja muy abierta a cada universidad su organización interna”. Frente a la propuesta estatal, la Xunta sugiere un modelo “más gerencial, con mayor liderazgo individual y reducción de los órganos de Gobierno”, al tiempo que urge a que la comunidad tenga voz en los consellos de goberno.

Representantes del estudiantado universitario –Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas y Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado– volvieron a rechazar el borrador de la LOUSU. Los alumnos quieren que su participación en la elaboración de los planes de estudio y las guías docentes sea vinculante.