“Me parece tremendo que te tutelen para protegerte y que, cuando quieres estudiar para tener un futuro, te digan que ya se verá si te pueden dar algo de dinero para poder ir a la universidad. Yo no entiendo cómo no hay una beca para estos casos”, dice una joven tutelada por la Xunta y entre la decena de entrevistadas en profundidad en tres ocasiones por los autores del estudio “Estrategias socioeducativas para la inclusión en estudios post obligatorios con alumnado tutelados por el Sistema de protección en Galicia”. El profesor de la UVigo, Deibe Fernández-Simo firma el trabajo de investigación junto a Xosé Manuel Cid-Fernández y María Victoria Carrera-Fernández, de Educación y Trabajo Social, en el que recalcan que “la ausencia de apoyos específicos para cursar estudios superiores se ve agravada por la invisibilidad del colectivo en las becas dirigidas a la población general”.
A los 18 años el sistema de protección ya no tiene la obligación de facilitar acompañamiento socioeducativo. Por lo tanto, si la ESO se finaliza a mayor edad, el acceso a los estudios posteriores se hace sin la cobertura de la actuación protectora. Un objetivo casi imposible para jóvenes que carecen de colchón familiar o amparo social, tal y como destacan los autores.
La realidad es tozuda y los datos hablan por sí solos: el 80% de los jóvenes tutelados en Galicia mayores de 16 años no dispone de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), según un dato de 2018 del programa de emancipación Mentor que citan en el artículo. También, la federación de ONG “Jóvenes e Inclusión” señala que el fracaso escolar del colectivo en Galicia se sitúa en un 75%. y que, como es lógico, el tránsito a los estudios post obligatorios aumenta en complejidad según se avanza en edad.
Los principales escollos que lastran las posibilidades de estudios superiores entre este colectivo desfavorecido –son menores en desprotección social, no menores infractores– son la citada ausencia de apoyos económicos específicos y que, desde dentro del sistema educativo carecen de un proceso de acompañamiento; es decir una figura profesional como un educador, asegura Deibe Fernández -Simo, con una trayectoria de dos décadas de investigación en el ámbito. “No conocí a ningún educador que no quisiera lo mejor para los jóvenes tutelados. E insistimos en que los recursos en Galicia suelen funcionar bien”, alega.
Sin embargo, los expertos consideran que hay agravios comparativos. “Hay apoyos para déficits por daños cognitivos, pero no para un déficit social que incide en el proceso de exclusión o inclusión social”, remarca Fernández-Simo. Eso sí, para el experto, “el gran reto del sistema de protección es que mejore el resultado educativo y es algo imposible de realizar si la Consellería de Educación se mantiene al margen, porque no es una responsabilidad exclusiva de Política Social”. También aluden a que la falta de apoyos suficientes se extiende al Ministerio de Educación.
La UVigo programa un “Curso de especialista para la educación de la autonomía de jóvenes en el sistema de protección” que se celebrará en una nueva edición y que busca formar a los educadores sociales que preparan a los jóvenes tutelados para que aprendan a vivir autónomamente una vez que pierdan la tutela a los 18 años, según señala el pedagogo y profesor, Xosé Manuel Cid-Fernández.
Los menores de seis años saldrán de los centros de acogida
El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron ayer por unanimidad la aprobación de un Plan de acción y lucha contra la explotación sexual infantil en los centros de acogida que incluye el compromiso de que en 2025 no haya niños menores de 6 años en estos centros y que en 2030 no haya menores de 10 años. (En acogimiento familiar en Galicia había 1.483 menores en 2019; 1.323 en acogimiento residencial).
Precisamente la conselleira de Política Social en funciones, Fabiola García, reivindicó ayer el sistema de protección que la Xunta brinda a los 1.800 menores que están bajo su tutela, la gran mayoría en régimen de acogimiento familiar. Además, defendió la “sólida red” de protección en Galicia, que trata de identificar, prevenir y actuar ante situaciones injustas o perjudiciales para los menores y darles una “infancia feliz”.
