La Xunta aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Áreas Empresariales, una normativa que aspira a reducir la tramitación urbanística “sin rebajar las exigencias medioambientales” de 21 a 9 meses.
Se trata de uno de los acuerdos adoptados por el Consello de la Xunta en la última reunión ordinaria antes de la dimisión de Alberto Núñez Feijóo como presidente.
El texto abre la puerta a que los concellos con pocos recursos deleguen en las empresas los gastos de conservación y mantenimiento del polígono y crea un censo de suelo empresarial, al tiempo que permite “ crear reservas estratégicas de suelo”, que permitan blindar jurídicamente un posible polígono pero edificar solo el terreno que tenga demanda del mercado.
Además, el Consello reservó un paquete de medidas específicas para Santiago de Compostela, cerrando el periplo de reuniones con capítulo para inversiones en las ciudades. El Ejecutivo destinará unos 120 millones de euros para proyectos clave para la capital de Galicia como las ampliaciones del Complexo Hospitalario de Santiago (CHUS), de la ciudad administrativa de San Caetano o la apuesta por una movilidad sostenible.
