Tras un año 2020 marcado severamente por la pandemia, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) retomó en 2021 su pleno rendimiento. Tramitó 300 recursos presentados por las empresas contra las licitaciones y adjudicaciones de obras, servicios o suministros realizadas por la Xunta, los ayuntamientos, las diputaciones y las universidades. Fueron un 19% más recursos que en el primer ejercicio marcado por el coronavirus, aunque no se llegó a los 342 de 2019, el año de mayor litigiosidad en el tejido empresarial gallego por estar en desacuerdo con las licitaciones y adjudicaciones de las administraciones públicas. En todo caso, el valor de los contratos impugnados fue muy elevado, pues se llegó a los 2.585,7 millones de euros. Y el área que más conflictos generó fue la sanitaria, ya que el Sergas acaparó el 16% de todos los recursos presentados en Galicia ante el Tacgal y el 37% de los procedimientos abiertos con el foco en la Administración autonómica.
Al igual que existe un tribunal administrativo específico al que pueden acudir los contribuyentes –al margen de la justicia ordinaria– cuando están disconformes con lo que les toca pagar por un impuesto, las empresas también disponen en Galicia de un órgano similar para recurrir los pliegos de condiciones de las licitaciones o las adjudicaciones de contratos públicos de obra, suministro o servicio cuando estas las promueven la Xunta, los ayuntamientos, las diputaciones o las universidades.
El volumen de expedientes tramitados en 2021 ha llevado al Tacgal, que se creó en 2018, a proclamar que la vía impugnatoria es “plenamente útil” para las empresas. Antes, los conflictos de este tipo de dirimían en un tribunal central adscrito al Ministerio de Hacienda, en el que recalaban los de toda España, y al que ahora se siguen enviando las impugnaciones cuando el actor promotor es el Estado. Pero el número que antes se remitía era muy reducido y las resoluciones tardaban meses en producirse, por lo que no era operativo.
Son las entidades locales las que más recursos generan actualmente, desbancando al Gobierno gallego del primer puesto. Generaron 156, el 52% de todas las impugnaciones presentadas, pero no hay que olvidar que son 313 ayuntamientos y cuatro diputaciones. Luego, en segunda posición, figura la Xunta, con 131 procedimientos, que representan el 44% del total. Pero aquí destaca el Sergas. “Tiene relevancia cualificada el numero referido a la administración sanitaria, concretamente al Servizo Galego de Saúde, que representó el 16% de los recursos totales y el 37% de los procedentes de la Administración autonómica”, destaca el Tacgal en su memoria correspondiente al año 2021.
Con respecto a 2020, se ha producido un “movimiento” en la causa de los recursos, pues mientras en el primer año de la pandemia el 56% de las impugnaciones se dirigió contra contratos de concellos y diputaciones, ahora el peso ha bajado al 52%, mientras que el de la Xunta y sus entes instrumentales pasó del 39% al 44%.
En cuanto a las universidades, la conflictividad es mínima, pues tan solo se han tramitado diez expedientes.
Las empresas no pueden presentar recursos por el simple hecho de hacerlo. Se debe argumentar. Si el tribunal aprecia temeridad o mala fe por parte de las firmas se le puede imponer una multa de entre 1.000 y 30.000 euros.
De los 300 recursos presentados, el 28% prosperó al ser estimados total o parcialmente, si bien el 23% del total no fue admitido. Pero de los que el Tacgal entendió que tenían recorrido y se entró en el fondo del asunto, la tasa de éxito fue del 39%. Esto quiere decir que en estos casos, las empresas tenían razón y al final las administraciones debieron cambiar las condiciones de las licitaciones, la valoración de las ofertas e incluso las adjudicaciones.
Por tipo de contratos, los que generan mayor “litigiosidad” fueron de los de servicios. Supusieron casi el 66% de las impugnaciones tramitadas, mientras que los de suministro apenas superaron el 20% y las concesiones se quedaron un poco por debajo del 12%. En cuanto a los de obras, estos apenas provocaron reclamaciones, pues tan solo representan el 2,4% de los recursos presentados.
“Destacar en este sentido una mayor incidencia o volumen de recursos en las licitaciones de contratos de servicios, en clara contraposición con la menor incidencia impugnatoria respecto a las licitaciones de obras”, subraya el Tacgal. Esto tiene ver con la exigencia, por ley, de un mayor importe de las licitaciones en materia de obras para poder acudir a este medio de reclamación.
Las resoluciones de este tribunal son asumidas en su inmensa mayoría por los afectados y solo el 6,8% llega a la vía judicial ordinaria. El mayor proceso de licitación que se paralizó el pasado año fue el correspondiente al transporte escolar promovido por la Consellería de Educación, por importe de casi 81 millón de euros. Implicaba la contratación del servicio hasta concluir el curso 2022-2023 y abarcaba las rutas de 424 centros.
El concurso tuvo que anularse después de que distintas empresas y colectivos interesados –como los padres y madres de O Courel– detectaran una serie de errores que fueron luego confirmados por la consellería. Además, el Tacgal también revisó el pliego de condiciones y decretó la suspensión temporal de la contratación, que hubo que volver a rehacerla.
