Los contratos con las administraciones gallegas constituyen el sustento de gran parte del tejido empresarial gallego, como el sector del transporte o compañías tecnológicas que aportan software o aplicaciones para contribuir a la digitalización burocrática. Por ello, durante los dos últimos años los recursos de las firmas que optaban a alguna adjudicación se dispararon, tratando de no quedarse fuera de un proceso o impugnando los motivos para encargarle a la competencia alguna tarea. El bajón de actividad causado por la pandemia de Covid-19 también se ha dejado sentir sobre esta litigiosidad, pues los recursos de este tipo han caído a la mitad (de 28 mensuales de media el año pasado a 14 en los primeros nueve meses del año), pero los grandes lotes en juego han supuesto un intento de variar adjudicaciones que suman 2.240 millones de euros, 20 más que en todo el año pasado pese a la menor conflictividad.
Galicia cuenta con un órgano encargado de dirimir estos problemas. Se trata del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (Tacgal), creado en 2018 para aglutinar todos estos procedimientos vinculados a Xunta, concellos, diputaciones y universidades, que desde 2010 tenía que resolver el Tribunal Central de Recursos Contractuales, vinculado al Ministerio de Hacienda. Se trata de una instancia similar al tribunal administrativo al que un contribuyente puede reclamar por estar en desacuerdo con una actuación de un ente público, al margen, claro, de la vía judicial.
Durante el año pasado, el Tacgal recibió 342 recursos contra decisiones de contratos públicos que sumaban 2.220 millones de euros. Se trataba de un 61% de litigios que un año antes, cuando se habían alcanzado los 155. En 2016 la cifra fue de 173; en 2015, de 184; y en 2014, de 130.
Hasta el pasado 8 de septiembre, este tribunal apenas recibió 126 recursos. De ellos, desestimados 61., no admitió 26 y la empresa recurrente desistió de un caso. Menos de un tercio fueron estimados, es decir, favorables a la demanda de la empresa, bien para que no la excluyesen de la licitación bien para que se repitiese una adjudicación. De los 38 expedientes de este tipo, 14 fueron favorables por completo a los recurrentes y 24 solo parcialmente, según el análisis de los casos registrados por el Tacgal.
A pesar de ese desplome de conflictividad, el dinero que suman los contratos recurridos supera en 20 millones los 2.220 millones del año pasado. ¿Por qué? El motivo radica en los grandes lotes puestos en liza este ejercicio por varias administraciones, especialmente la Xunta.
Al frente de todos se sitúan dos de los proyectos estrella de la administración gallega: los lotes para renovar las concesiones del transporte por autobús. Uno de ellos sumaba una licitación de 713,6 millones; el otro, de 627,7. Solo en el primer caso hubo tres recursos estimados parcialmente para que sendas ofertas pudiesen optar a jugosos contratos que pretenden renovar el sistema de transporte por carretera para la próxima década.
El Servizo Galego de Saúde ocupa, como habitualmente, un puesto destacado también debido a licitaciones como la de lotes dentro del proceso para adquirir prótesis de cadera por 132 millones o los de 58,4 para la limpieza de tres hospitales de Santiago (el Complejo Hospitalario Universitario, el Gil-Casares y el Psiquiátrico de Conxo). También fueron desestimados recursos contra las licitaciones de dos contratos de limpieza del ayuntamiento de A Coruña que sumaban 261 millones.
Estos pleitos administrativos, sin embargo, deben estar fundamentados y si el Tacgal detecta “temeridad o mala fe” en un intento de frenar cautelarmente una adjudicación puede no solo tirar a la basura la queja, sino castigar a quien protesta con una multa de 1.000 a 30.000 euros.
Fue lo que hizo, por ejemplo, con la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (Aseja), a la que sancionó con 1.000 euros por intentar impugnar los pliegos del contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes de Vigo, que el concello licitó por 33,2 millones. En otro caso, el castigo fue de 2.000 euros por recurrir un contrato de la Consellería de Política Social.
