La Xunta revisará cada trimestre los contratos con precio muy elevado para detectar fraude

La urgencia de conseguir material sanitario indispensable durante los primeros momentos de la pandemia, unido a una inyección millonaria de fondos europeos a las administraciones. ha disparado los riesgos de fraude por parte de quienes quisieron hacer negocio a costa del dinero público. La Fiscalía investiga al hermano de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y en el Ayuntamiento madrileño se ha destapado también una presunta estafa en la compra de mascarillas, donde los intermediarios habrían cobrado importantes comisiones. Ambos casos tienen en común que el precio pagado por el material sanitario superaba el valor de mercado. Éste es un indicio que debe hacer saltar las alarmas. Y la Xunta así lo recoge en su plan antifraude. El Gobierno gallego revisará cada tres meses los contratos financiados con ayudas de la UE en los que se detecte que la adjudicación recae en una oferta “demasiado alta” en comparación con la lista de precios públicos o con los precios de referencia del mercado.

Cada una de las consellerías y entes autónomos de la Xunta se han dotado ya de un plan antifraude. Lo hacen así por mandato de la Comisión Europea, que obliga a un escrutinio riguroso en el gasto de cada euro recibido por la UE. Estos exámenes se practicarán con todos los contratos financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o con ayudas Next Generation.

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Para hacer el seguimiento se establecerá un sistema de banderas rojas. La Xunta y sus consellerías deben diseñar un catálogo de los posibles riesgos y un comité antifraude o las personas designadas por la Consellería de Facenda deberán revisar con una determinada periodicidad cada uno de los riesgos.

Las banderas rojas son “señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude” que obligarán a cada administración a actuar.

Indicios

¿Y en qué casos saltará la alarma? La mayoría de las consellerías coinciden al señalar las mismas conductas que deben llevar a sospecha.

Por un lado, se revisará cada trimestre que no se han amañado pliegos a favor de un licitador. La Xunta considera que serán indicios de fraude si a una adjudicación, por ejemplo, se presenta una única oferta o un número anormalmente bajo de propuestas. También será objeto de sospecha que exista una “extraordinaria similitud entre los pliegos de contratación y los productos o servicios que ofrece el contratista ganador.

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Además si las bases del contrato son muy restrictivas o más generales que las aprobadas en procedimientos similares, así como que incluyan cláusulas poco comunes o razonables, se activará la bandera roja. La Xunta vigilará asimismo que en los pliegos no se defina un producto de una marca concreta.

Otra práctica ante la que estará en alerta la Administración autonómica es la existencia de licitaciones colusorias, es decir, cuando hay un acuerdo entre dos o más personas con el fin de perjudicar a un tercero. El objetivo es impedir que se repitan prácticas como las que se investigan en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Casos

La Fiscalía Anticorrupción indaga sobre la existencia de posibles delitos en un contrato a la Comunidad de Madrid para comprar 250.000 mascarillas a Priviet Sportive, la empresa que pagó al menos 55.000 euros por este trabajo a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, en el Ayuntamiento de Madrid se ha destapado otro presunto fraude en el que Luis Medina y Alberto Luceño habrían cobrado 6 millones de comisión por unas mascarillas y en el que habrían inflado el precio de este producto un 148 por ciento.

Además la Fiscalía Anticorrupción investigará también 13 contratos de emergencia adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez que fueron denunciados por el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y que, según los populares, se adjudicaron por un valor entre un 25 y un 500 por encima por encima de contratos anteriores.

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En Galicia el plan antifraude establece que cada tres meses se deberán revisar aquellos contratos en los que la oferta ganadora es “demasiado alta en comparación con la lista pública de precios o con los precios de referencia del mercado”. También saltarán las alarmas en el escrutinio trimestral si todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada o cuando los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en el procedimiento. Otra señal de alerta será que el adjudicatario termine contratando a las empresas que perdieron la licitación o que las ofertas presentadas tengan patrones poco usuales: por ejemplo, que tengan porcentajes exactos de rebajas, la oferta ganadora esté justo por debajo del límite de precios aceptables, se oferte exactamente el valor del contrato...

Favoritismo

El conflicto de interés es otra práctica que escrutará la Administración autonómica pero esta vez con carácter anual. Se considerará que hay sospecha de fraude si exista un “favoritismo inexplicable o inusual” hacia un contratista o vendedor. Además los empleados vinculados al proceso de contratación deberán firmar una declaración de conflicto de interés. Si no lo hacen, saltarán las alarmas –en este caso la revisión se hará cada tres meses–. La Xunta pide que se esté alerta también en caso de que un empleado encargado de contratar decline un ascenso a una posición en la que deja de tener participación en el proceso de adjudicaciones. De la misma manera, se vigilará si estos funcionarios vinculados a las licitaciones parecen hacer negocios propios por su cuenta o tienen “una excesiva socialización” con los proveedores.

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Se tendrán en cuenta las quejas de los licitadores en los procedimientos de contratación y si hay licitadores excluidos por causas dudosas. De esta manera se intentará prevenir la manipulación de ofertas.

En su catálogo de riesgos las consellerías incluyen también el fraccionamiento de los contratos, que serán sometidos a un examen anual. Se trata de averiguar si se dividen contratos grandes en otros más pequeños para eludir controles y poder adjudicarlos a dedo. “Si se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas por un único adjudicatario para la utilización de procedimientos de adjudicación directa”, explica la Xunta.

Además de los contratos la Administración autonómica también revisará las subvenciones. Se vigilará con carácter anual que hayan recibido la suficiente difusión, que no incluyan requisitos ambiguos o que se siga un criterio homogéneo para la selección de beneficiarios.

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