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Faro de Vigo

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La oferta de suelo industrial vacante de otros operadores duplica a la de la Xunta

Mientras el Gobierno gallego cuenta con 1,3 millones de metros cuadrados sin ocupar, concellos, diputaciones, Zona Franca y promotores privados suman otros 2,4 millones

Obras en el polígono industrial de Barro (Pontevedra). | // RAFA VÁZQUEZ

A finales del año 2020 la Xunta aprobó un decreto destinado a conocer con precisión la oferta de suelo industrial disponible en Galicia al objeto de mejorar la planificación. Para ello, todos los promotores, tanto públicos como privados, debían comunicar a la Administración autonómica los parques empresariales que estaban impulsando para elaborar un censo “actualizado y exhaustivo” de este tipo de suelo, siendo Galicia una de las primeras comunidades en contar con esta herramienta. Cerrado el plazo –seis meses después de la entrada en vigor del decreto–, un total de 16 promotores públicos y privados notificaron que tienen vacantes 383 parcelas industriales con una superficie total de 2,4 millones de metros cuadrados. La cifra es muy abultada, dado que casi duplica la actual oferta disponible de suelo empresarial en manos de la Xunta, que asciende a 1,3 millones de metros cuadrados.

Estos datos no estaban hasta ahora en poder del Gobierno gallego, debido a que la Xunta no es la única administración que impulsa y gestiona polígonos empresariales: también los hay de titularidad estatal, diputacional y municipal, además de promociones privadas, como comunidades de montes. Por eso, la creación de un censo ayudará a tener una radiografía más precisa de donde se necesita más suelo empresarial y donde hay sobreoferta. Además, cuando el registro esté activo y se haga público –aún no lo es– facilitará a las empresas que quieran implantarse en Galicia la localización de parcelas en todo el territorio.

Situación paradójica

La situación gallega resulta bastante paradójica. A pesar de la alta demanda de suelo empresarial en algunas partes de la comunidad, como en las áreas del Pontevedra o de Vigo, en otras zonas de interior la maleza cubre muchas parcelas que no encuentran comprador debido a la mala planificación que se hizo de las necesidades de parques industriales en la comunidad autónoma.

Y además, aunque ahora mismo hay 3,7 millones de metros cuadrados de parcelas industriales urbanizadas y disponibles para su ocupación en Galicia, se está produciendo una deslocalización de empresas en favor de Portugal. Firmas del sur de la comunidad optan por desplazarse al norte del país vecino porque el suelo es mucho más barato y disponen de ventajas fiscales para las que se instalen allí, a lo que se suma una mano de obra con salarios más bajos.

Aunque la idea es publicar un censo con toda la oferta de suelo empresarial disponible, de momento la Consellería de Medio Ambiente solo informa de manera genérica, sin dar detalles. “Fueron un total de 16 promotores, algunos de ellos públicos, como concellos, diputaciones o la Zona Franca de Vigo, y otros privados, los que comunicaron a la Xunta el suelo que tienen en la comunidad. En total se trata de 1.207 parcelas industriales de las cuales están disponibles 383 con una superficie de 2,4 millones de metros cuadrados. El resto están ocupadas”, indica el departamento que dirige Ángeles Vázquez.

Verificación de los datos

¿Por qué el censo todavía no es público? La Consellería de Medio Ambiente explica que una vez recibida la información de los operadores, ahora los técnicos del Instituto Galego da Vivenda e Solo están comprobando todos los datos “como paso previo e imprescindible” para proceder a su incorporación al registro oficial. “Toda la información ya fue incorporada al censo, pero no será aún accesible de forma pública hasta que se complete el proceso de revisión y verificación”, dice la Xunta.

Esta es la razón por la que de momento se desconoce la identidad de los operadores y la ubicación y superficie de las parcelas vacantes.

Cuando concluya este procedimiento, el Gobierno gallego abrirá una segunda fase para indagar si quedaron posibles bolsas de suelo industrial sin inscribir, en cuyo caso se actuaría conforme a las previsiones que establece el decreto aprobado a finales de 2020, que recoge sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros para los promotores que no notificaran a la Administración autonómica la existencia de parques empresariales. En la primera fase no se tramitó sanción alguna, opción que estaba abierta una vez cumplidos los seis meses de entrada en vigor del decreto. “La prioridad no es sancionar, sino inscribir el mayor número de parcelas industriales en el censo”, sostiene la Administración autonómica.

Los algo más de 1,3 millones de metros cuadrados que tiene la Xunta disponibles para su ocupación se distribuyen entre 484 parcelas de 37 polígonos. Del total, la empresa pública Xestur gestiona 803.000 millones de metros cuadrados en 296 solares, mientras que el Instituto Galego da Vivenda e Solo ofrece 559.000 metros cuadrados repartidos en 188 parcelas repartidas en 19 polígonos. Y también estarían los parques de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), titularidad en un 83,4% el Ministerio de Transportes, en un 15% de la Consellería de Medio Ambiente y en un 1,65% de Abanca.

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