Unos 350 euros. Esa es la pérdida media que sufren los ganaderos por cada ejemplar de unos 250 kilos de Ternera Gallega Suprema de raza rubia gallega que llega al matadero. Galicia alcanzó ayer un acuerdo “histórico” con el que pretende garantizar que todas las explotaciones de vacuno reciban por cada kilo de carne un precio igual o superior al de sus costes, el mismo compromiso que consiguen las cadenas de distribución de cara al coste asumido por las industrias. El protocolo fue suscrito por el conselleiro del Medio Rural, José González, acompañado del director xeral de Gandaría, José Balseiros, con la cadena de valor del sector y la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ternera Gallega. ¿El objetivo? “Garantizar el futuro de las explotaciones dignificando las rentas de los ganaderos”, defendió González tras la firma del protocolo, al tiempo que apremió al Gobierno central a emular a Galicia a nivel nacional con el lácteo.
En el caso del sector de la carne, según el conselleiro, este acuerdo se puede promover a nivel autonómico ya que todos sus canales certificados proceden de explotaciones ganaderas localizadas en la comunidad, los animales también son sacrificados en Galicia y el 60% de su producción se comercializa aquí. Por el contrario, en el sector lácteo, a pesar de que la producción en la comunidad supera el 40% del total nacional, buena parte del proceso de transformación no se realiza en Galicia y mucha de esta leche se comercializa fuera.
La de ayer fue la primera ronda de firmas que proseguirá en los próximos días para que el acuerdo sea suscrito por la mayor parte del sector. Solo el año pasado produjo más 95.600 toneladas y consiguió una facturación de 414 millones de euros, lo que supone casi el 15% de la producción de España. Ternera Gallega certificó 104.638 canales en 2021 –casi 24.000 toneladas de carne, con un valor de 137 millones–.
Para garantizar precios de venta adaptados a los costes de producción y rentas dignas para los ganaderos, se insta a incluir en los contratos de compra a los productores una cláusula en la que se haga referencia a la firma de este protocolo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre. El acuerdo recoge el compromiso de las partes a aplicar en sus contratos las conclusiones de los estudios e informes sobre costes elaborados por las autoridades autonómicas previstas en la Ley de la Cadena Alimentaria. En este sentido, la Xunta pondrá en marcha el Observatorio de la cadena alimentaria gallega como instrumento público encargado de la emisión de los esos estudios.
No se trata de otra cosa más que de hacer cumplir la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe las ventas a pérdidas. A la subida de las materias primas, de la electricidad o de los combustibles en 2021 se le sumaron los efectos de la invasión rusa de Ucrania y ahora los de la huelga del transporte, por lo que hace falta, advirtió González, adaptar los precios de venta de la carne de vacuno a los costes reales de producción.
Competencia rechaza el modelo del Gobierno para la leche
El sector lácteo también sufre las consecuencias del encarecimiento de materias primas y energía y el desabastecimiento por la huelga del transporte., hasta el punto de que tres de cada diez explotaciones gallegas están a punto de echar el cierre. El Ministerio de Agricultura trabaja en la reforma de la normativa de contractos lácteos para garantizar que los precios de leche que perciben los ganaderos cubran sus gastos de producción.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia rechaza su propuesta de vincular los precios de los contratos a índices públicos sobre costes de producción y apela a la “buena fe” de las partes para “ajustar los precios ante cambios en los precios, evitando que los costes queden por debajo de los precios durante largos periodos de tiempo”.
“Ello dejaría a las partes libertad para concretar el modo de cumplir con la obligación legal, permitirá a las partes evitar el problema de los ajustes asimétricos de precios y reduciría el riesgo de alineamientos en los precios”, argumenta.
