Investigadores gallegos explican que, tal y como está planteada la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, –que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes– “no va a solucionar la precarización” en el seno de las instituciones científicas y académicas.
El Ejecutivo cita, paradójicamente, la reducción de la precariedad de la profesión investigadora con “estabilidad” y “contratos dignos” como leimotiv de la reforma.
Celebran que se indemnice a unos 2.000 pre y postodoctorales cuando finalicen su contrato, pero lamentan otros ‘flecos’ a los que no da solución. Por ejemplo, la reforma laboral plantea contratos como “fijos discontinuos” al más de millar de investigadores que trabajan en las universidades gallegas con un contrato de obra y servicio –que ahora deja de existir–. Es decir, que su continuidad se verá condicionada por los fondos del proyecto en el que trabajan. La Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE) cifró en 25.000 los contratos de este tipo afectados en España.
“Es un trabajador temporal, cambiado de nombre”, explica el miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Investigaciones Hospitalario (ANIH) y representante de CIG en la mesa social de negociación, Carlos Spuch. “La Ley de Ciencia debería plantear una mejor solución. Establece un recorrido de inicio de carrera, pero no la consecución a la estabilidad: se sigue haciendo un cuello de botella en la gente de mi edad. Haces la carrera, pasas las evaluaciones, pero cuando llega la posición estable o no existe (en sanidad) o no convocan plazas (Universidad y OPIs)”, alega. Valoración similar realizan desde la red Investigal, que convocó protestas esta semana en Santiago y avanza que el lunes comparecerán varias asociaciones en el Congreso, por lo que no pierden la esperanza en un pequeño margen de cambio.
Sin embargo, el presidente del Gobierno agradecía a la ministra del ramo, Diana Morant, su labor de “liderazgo político” en esta iniciativa que, espera que cuente con “el máximo de los consensos en el Parlamento”.
Entre las “mejoras” y “avances” que este texto llevará al sector, Sánchez señaló la creación de un “nuevo itinerario asociado a la estabilidad”; “más derechos para los jóvenes” como el derecho a la indemnización por finalización del contrato predoctoral; o la “redefinición” el contrato “investigador distinguido” para “atraer a científicos” de “prestigio”.
Y que con este texto, se reducirá la “famosa carga administrativa” que reclaman los científicos cuando se tienen que justificar las subvenciones. Para que “investigar no sea una carrera de obstáculos desde el punto de vista administrativo”, ha avanzado el presidente. La reforma tendrá alcance en la lucha contra las desigualdades de género en la I+D+i, enfatizó.
Entre otras cosas, la ley obliga a los centros de investigación a contar con planes de igualdad, asegura la igualdad de oportunidades en los procesos de selección para las personas con permisos para el cuidado de hijos o dependientes, y garantiza la presencia de mujeres en los órganos decisorios (un 40% como mínimo).
