La conselleira de Medio Ambiente advierte que la Xunta está dispuesta a acudir a los tribunales si el Gobierno no modifica el anteproyecto de la Ley de Vivienda que, a su juicio, “dificulta” las competencias autonómicas “y no beneficia a nadie”.

En declaraciones a la Radio Galega, y después de que un informe del Consejo General del Poder Judicial advierta de la invasión de competencias autonómicas, la conselleira insistió en que la Xunta “ya advirtió de la inconstitucionalidad” del texto, que calificó de “muy perjudicial”.

“La lógica nos lleva a pensar que tendría que haber un retroceso en este texto y así se lo hicimos saber”, aseguró. De no haber cambios, explicó que a la Xunta no le quedará “otra” que recurrir a los tribunales. “Afecta a los promotores, sobre todo de vivienda protegida, y a los que necesitan vivienda y a propietarios”, manifestó sobre un texto que, a su juicio, obedece a “intereses particulares de un partido”. “El Gobierno se atribuye competencias de las que carece cuando regula la vivienda protegida”, explicó.

Mientras, preguntada por el bono joven para el alquiler aprobado por el Gobierno, Ángeles Vázquez reprochó al Ejecutivo que no se celebrase una “conferencia sectorial” y que no se concretase qué “va a corresponder” a Galicia.

“No se puede alardear de decir que se va a dar ayuda para que los jóvenes se emancipen”, insistió la conselleira de Medio Ambiente, quien, remitiéndose al plan estatal con vigencia hasta el año pasado, recalcó que ya existían ayudas y “de manera consensuada”. De este bono joven, comentó que el Ejecutivo se lo sacó “de la chistera” y reclamó continuar en la línea del plan estatal de 2018-2021.

Por otra parte, en una visita al barrio de Xuxán en A Coruña, la conselleira reivindicó las ayudas que ofrece la Administración gallega en materia de vivienda protegida, con importes de hasta 20.000 euros.

El tema de la vivienda se trató ayer también en el pleno del Parlamento. Populares y socialistas votaron en contra de una moción a través de la que el Bloque pedía crear una regulación propia que aborde el problema de la vivienda vacía con el objetivo de que las viviendas desocupadas injustificadamente se incorporen al mercado inmobiliario.

La iniciativa ha sido defendida por la parlamentaria del BNG Alexandra Fernández, quien sostuvo que las dificultades de acceso a la vivienda “están robando el futuro” de la juventud mientras hay “300.000 viviendas cerradas y vacías”. “¿Qué modelo territorial estamos construyendo cuando una de cada cinco viviendas están sin uso?”, se preguntó la diputada, que abogado por “aumentar el grado de accesibilidad” a este derecho para “conseguir un modelo más justo”.

En el debate de la moción, a la que los socialistas presentaron una enmienda que fue rechazada por el BNG, la diputada del PPdeG Begoña Freire avanzó que, una vez aprobado por el Gobierno central el nuevo Plan de Vivienda, la Xunta realizará “los ajustes necesarios” en el programa autonómico de movilización de viviendas para alquiler que ya tenía elaborado con el objetivo de ponerlo en marcha y movilizar residencias que actualmente no están en uso.