Esta misma semana, la Xunta avanzaba que prevé que la nueva ley que regule el juego en la comunidad, en sustitución de una norma que lleva vigente desde 1985 y que hay que “adaptar a las nuevas realidades”, como las apuestas a través de internet, prohíba en la radio y la televisión públicas la publicidad del juego online o de cualquier modalidad presencial de competencia autonómica. Ya en 2019, el Gobierno gallego había anunciado que la nueva legislación obligaría a todos los locales de juego –no solo bingos, casinos y tiendas de apuestas, sino también salones de juego– a un control de entrada para evitar el acceso de menores y de inscritos en el registro de prohibidos. Precisamente ese listado está conformado en la actualidad –a 31 de diciembre– por un total de 1.648 personas.
Esos son los gallegos que, de forma voluntaria, solicitan a la Administración autonómica la autorización para ser incluidos en un registro que implica, por parte del interesado, la renuncia a acceder a un bingo o a un casino. Se trata de una limitación de los juegos presenciales. Para realizar una autoexclusión de las apuestas online, un fenómeno en auge entre los más jóvenes, existiría un registro general de interdicciones estatal. No obstante, a mediados del pasado año Gobierno y comunidades acordaron ir hacia la coordinación de ambos.
En los dos casos la finalidad es similar, solo cambia el dónde. Como explicaron en ese momento desde el Ministerio de Consumo, si una persona detecta que tiene un problema derivado del juego, puede optar por bloquearse a sí mismo el acceso a esas actividades para “protegerse a sí mismo y a sus familias de los efectos negativos del juego compulsivo o por sentencia judicial”. La diferencia entre el estatal y el de cada comunidad, como el gallego, es que el primero imposibilita el acceso al juego y a las apuestas a través de internet y los autonómicos limitarían la entrada a establecimientos físicos que exigen una identificación previa.
La idea del acuerdo es que la comunicación entre los dos sistemas sea “inmediata”. Porque, por ejemplo, tal y como explicaron desde Vicepresidencia primeira de la Xunta entonces, si alguien se anota en el registro estatal, “también” se inscribe en el autonómico, pero en el trámite pasan un par de semanas.
38.000 gallegos en riesgo de ludopatía
A pesar de que el listado de gallegos que solicita esa protección extra ha crecido en relación a un año atrás, en plena pandemia, cuando constaban 1.630 anotados, la cifra de ciudadanos con posibles problemas con el juego sería mucho mayor. Así lo indica el análisis publicado en 2021 en la revista Adicciones Caracterización del juego de azar en Galicia: un problema de Salud Pública, realizado por el Sergas y la Universidade de Santiago. Concluye, a partir de datos del sistema de conductas de riesgo de Galicia de 2017, que el juego es “un importante problema de salud pública, siendo los varones jóvenes los que tienen un mayor riesgo de desarrollar un problema asociado”. Señalan que la prevalencia de “trastorno de juego” o “juego de riesgo” en la población es del 1,6% –eso se traduciría en casi 38.000 gallegos– y todavía superior en hombres y en jugadores más jóvenes. Sanidade indica que el estudio estima el número de menores de 18 años que gastaron dinero en algún juego de azar en 3.752 hombres y 592 mujeres. Pero hay investigaciones que elevan ya esa cifra tras la pandemia a unos 7.000, como la última coordinada por el profesor de la USC Antonio Rial Boubeta.
