Investigadores gallegos la puntúan mejor que la bautizada como ‘ley Duque’; pero, aún así, la tildan de “insuficiente” y “descafeinada”. La reforma de la ley de la ciencia, el gran proyecto de la ministra Diana Morant –que la heredado de su antecesor en el cargo– y a la que han tenido acceso algunas asociaciones de investigadores españoles, no entra al fondo de las bases que mantienen la precariedad laboral en el sector, coinciden.
El objetivo primordial de la reforma es –así lo anunciaron– mejorar las condiciones de trabajo de los científicos más jóvenes. Por eso, creará un nuevo contrato de acceso al sistema público de I+D+i.
Será de entre tres y cinco años de duración y se aplicará en universidades públicas y organismos, fundaciones y consorcios del sector público. Los beneficiarios tendrán derecho a indemnización, algo que no se daba antes, y deberán pasar una evaluación intermedia para conseguir la estabilización.
Asimismo, la norma dispone que los investigadores predoctorales y postdoctorales contratados tengan derecho a una indemnización cuando se les acabe el contrato. Pero una vez que se apruebe, y sin efecto retroactivo, como lamenta la bióloga gallega Zulema Varela, portavoz de la Rede Galega pola Investigación, InvestiGal.
“No afectará a los contratos en vigor, por lo que ahora mismo hay más de 10.000 jóvenes predoctorales o postdoctorales que no tendrán derecho a indemnización”, razona. Al mismo tiempo, la investigadora avanza que hoy mismo se reunirán asociaciones de investigadores de todo el estado vinculados a la Marea Roja de la investigación y que prevén anunciar fechas de movilizaciones.
“Es insuficiente”, coincide con la investigadora jefe de grupo en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña y una de las más competitivas del INIBIC –perteneciente al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña– María Mayán, que cobra lo mismo que dos de los investigadores postdoctorales financiados por la Xunta a los que supervisa y dirigen.
En su abultado abultado currículo investigador pesa un proyecto del Pilar de Ciencia Excelente de la Comisión Europea: “El nuevo contrato de incorporación de investigadores al sistema español se mejora en una parte, pero se precariza más en otras”, valora. “Los salarios siguen siendo inferiores a lo que nos correspondería”, reconoce. “El programa Ramón y Cajal debería de dotarse de mejores condiciones".
Además, una vez que las entidades acaban las subvenciones para contratar a estos investigadores, no se protege que los estabilicen y les den continuidad a ese talento formado que volvió a España. La ley debería de penalizar a esas instituciones que no cumplen con los programas de estabilización y no darles personal investigador para los años futuros; así como favorecer a los que dan continuidad a los mejores investigadores altamente formados y competitivos”, añade com punto a mejorar. Es un error del sistema español, una deficiencia.
Sin embargo, Mayán destaca como un aspecto positivo de la ley que promociona los “contratos indefinidos”. Hasta ahora muchos científicos y personal técnico han ido encadenando contratos temporales durante años o más de una década, cuando ya rebasaban los 40 años e incluso los 50.
Entre 2011 y 2016 se perdieron 5.000 investigadores y otros se vieron obligados a establecer su carrera fuera de España.
- Transferencia
Se reconocerá el tiempo en proyectos de transferencia tecnológica y posibilita invertir en sociedades de capital riesgo .
- Igualdad
Se incluye la “igualdad efectiva”, como garantizar “la composición equilibrada de género, 40% como mínimo”.
En el caso de ser un contrato que se cubre con financiación externa “no está sujeto a tasa de reposición y puede beneficiar a miles de investigadores que están con contratos temporales en universidades, centros de investigación y fundaciones y consorcios” y se harán indefinidos, indican en el Ministerio de Ciencia. Mayán aplaude la inclusión de la perspectiva de género en el plan, pero desea que “se lleve a la práctica en la igualdad efectiva”.
El investigador sanitario Carlos Spuch, de 47 años también fue ‘víctima’ de la precariedad en los contratos de los investigadores sanitarios y lamenta que, de nuevo, esta regulación mantiene al margen a los investigadores hospitalarios que están externalizados en fundaciones biomédicas.
“La venden como estabilidad en la carrera investigadora pero es una reforma muy descafeinada”.
Spuch, investigador senior de Neurociencia Traslacional del Instituto de Investigación Galicia Sur, aplaude que la reforma tratará de eliminar la ‘maquinaria’ burocrática.
Además, creará la Agencia Espacial Española, que dependerá del Ministerio de Ciencia, un punto polémico, pues el ministro Pedro Duque –antes astronauta– se opuso.
