La incapacidad para afrontar deudas con el fisco o con particulares acaba causando el embargo de bienes a la ciudadanía sin recursos para saldar esas obligaciones, un proceso que acaba habitualmente en subasta de propiedades para que los acreedores recuperen su dinero. Los juzgados gallegos arrancan el año con 37 procedimientos de ese tipo abiertos con los que se pretende recuperar 6,9 millones de euros.
Así consta en la información específica sobre subastas del BOE, según la cual la provincia de Pontevedra es la que mayor número de pujas tiene abiertas en Galicia. Se trata de 18 en total con las que los acreedores aspiran a recuperar 3,55 millones de euros. En A Coruña, los procesos abiertos son 14 por 1,6 millones, mientras que en Lugo, apenas tres se reparten 564.615 y en Ourense, dos suman 1,2 millones.
En la lista de inmuebles subastados se mezclan fincas, casas unifamiliares, pisos o plazas de garaje, pero existen unos requisitos específicos para quien desee pujar por ello. Quien quiera adquirir alguno de ellos debe depositar el 5% del valor de salida para participar, por lo que muchos desisten ante bienes de alto precio. Además, si la puja es un 70% inferior a la tasación, se da la opción al acreedor de hacerse con el producto y mejorar la oferta.
Las propiedades tampoco se pueden visitar y los expertos recomiendan también informarse sobre las cargas de cada una de ellas para tratar de adquirirlas evitando sorpresas.
Al frente de la lista se sitúa una subasta por la vía de apremio, es decir, de urgencia ordenada por el juzgado de instrucción número 1 de Lalín para recuperar una deuda de 2.067.357,97 de euros. Para ello se ofrecen al mejor postor 24 lotes de propiedades a través de un procedimiento abierto el pasado día 13 y que finalizará el próximo 2 de febrero.
De momento, la autoridad judicial, que ordenó la subasta en vía de apremio, no ha recibido ofertas de interesados por ninguno de esos lotes, compuestos por 14 viviendas y 19 plazas de garaje. El inmueble de mayor valor, según la tasación judicial, asciende a 118.625, aunque existen otros dos a poca distancia: 116.800 y 114.975 euros, respectivamente.
La experiencia del Igape
Estos procedimientos no siempre acaban bien para los acreedores. La administración autonómica, por ejemplo, es un ejemplo. A finales de 2018, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) impulsó el primer proceso de subasta de bienes embargados para recuperar un agujero económico de 36 millones de euros por las deudas de empresas en muchos casos ya quebradas. Encargó la tarea a Xestur, la sociedad pública autonómica de suelo industrial, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. Resultó un fiasco.
La primera subasta se saldó sin ofertas por cinco naves industriales y dos oficinas valoradas en 6,2 millones de euros. Más de un año después, lo intentó de nuevo, pero solo logró vender uno de los seis bienes embargados y obtuvo 257.000 euros. Además, se quedó un local como almacén. El resto figura dentro de su inventario de propiedades a la espera de poder obtener algún beneficio en un futuro.
