Desde hace casi una década los ayuntamientos constituyen las administraciones que mejor situación contable presentan, arrojando a final de cada ejercicio superávit en sus cuentas y eso que el sistema de financiación no les beneficia en absoluto. Un mayor control sobre los recursos, la recuperación económica con la consiguiente mejora de la recaudación junto con una constante actualización del catastro desde 2012 son los elementos que han contribuido a sanear las cuentas municipales y dejar para el pasado los números rojos. Pero también tienen que lidiar con impagos de ciudadanos y empresas. Deudas de morosos de muy difícil, por no decir imposible, cobro. Su volumen al cierre del ejercicio presupuestario de 2020, el de la pandemia, ascendía 450,3 millones de euros –cinco más que el año anterior–, según los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La morosidad para el conjunto de las administraciones locales llega a los 468 millones, pero son los concellos los que cargan con el grueso del agujero, ya que las diputaciones apenas tienen 16 millones de dudoso cobro y las mancomunidades, algo menos de dos.
En esta partida se incluyen todos aquellos derechos pendientes de cobro que tienen las haciendas locales y cuya recuperación se califica como difícil o imposible. Estas deudas las conforman tasas, impuestos, multas, facturas por servicios que prestan las empresas municipales, sentencias sin ejecutar en las que los ayuntamientos son perceptores de una indemnización u operaciones de monetarización de suelo en las que los promotores deben abonar a las arcas municipales una cantidad determinada de dinero. También figuran las obligaciones fiscales pendientes de satisfacer por parte de empresas que han quebrado.
Las liquidaciones del año 2020 realizada por el Ministerio de Hacienda –todavía provisionales– muestran que en Galicia cerraron sus presupuestos con casi 90 millones de superávit, repitiendo por noveno año consecutivo con más ingresos que gastos.
Hasta el año 2019 eran los concellos de la provincia de Pontevedra los que acumulaban más impagos. Pero desde entonces son los de A Coruña los que tienen más volumen de cobros dudosos, con algo más de 166 millones de euros. Ya en segundo lugar figura Pontevedra, donde sus ayuntamientos suman 153,1 millones de euros de muy comprometida recaudación.
En los municipios de Lugo y Ourense, las cifras son bastante inferiores con respecto a las provincias atlánticas. Los concellos lucenses tienen 57 millones de dudoso cobro, mientras que los ourensanos se acercan a los 74.
Mientras que los concellos de Lugo se mantuvieron en las mismas cifras y los de A Coruña redujeron la morosidad en dos millones con respecto al año 2019, el incremento de la deuda de dudoso cobro aumentó en términos absolutos en Galicia por el comportamiento de los concellos de Pontevedra, en los que se incrementó en 2,5 millones, y, especialmente, de los de Ourense, con cinco millones más que añadir al agujero.
El Ministerio de Hacienda no detalla la situación de cada concello, aunque sí da información global por tramos de población. Estos datos reflejan que la morosidad de particulares y empresas afecta a todos los municipios con independencia de su tamaño.
En los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, los saldos de dudoso cobro llegan a los 59 millones de euros, una cantidad que prácticamente se duplica entre los de 5.000 y 20.000 habitantes. En los de más de 100.000 vecinos (Vigo, A Coruña y Ourense), el agujero asciende a 141 millones, mientras que en los de más de 50.000 habitantes, la cifra es de 87 millones. El resto corresponde a los municipios con entre 20.000 y 500.000 empadronados.
Las diputaciones solo tienen 15,7 millones de euros de difícil o imposible recaudación, aunque el Ministerio de Hacienda tampoco detalla su distribución entre las cuatro corporaciones provinciales. Eso sí, es 1,5 millones de euros menos que en el ejercicio 2019.
En el conjunto de España, las cifras resultan mucho más abultadas, ya que los municipios y corporaciones provinciales tienen nada menos que 12.268 millones de euros calificados como de muy difícil recaudación.
