Una población diseminada como la gallega exige una tupida red de carreteras para comunicar a las poblaciones y esta malla viaria también acarrea consecuencias negativas en forma de contaminación acústica para la población y determinados edificios sensibles, como centros educativos y sanitarios. Para paliar estos efectos, la Xunta está ultimando su nuevo plan de acción con el objeto de mitigar estos daños colaterales. El elemento que utilizará como referencia para sus intervenciones son los mapas estratégicos de exposición acústica elaborado por la Consellería de Infraestruturas, que han identificado en Galicia 111 colegios y 28 centros sanitarios con una alta afección al ruido generado por el tráfico rodado en la red de carreteras autonómicas. También padecen las consecuencias casi 93.000 habitantes cuyas viviendas se ubican en las proximidades de estas vías. En todo caso, los mapas no incluyen las infraestructuras competencia del Estado ni las calles de ámbito urbano de titularidad municipal.
La normativa europea obliga a una constante revisión y actualización de las afecciones sobre los ciudadanos y al establecimiento de medidas correctoras. El pasado mes de diciembre, la Xunta inició el trámite de consultas para el procedimiento de evaluación ambiental de su plan de acción contra la contaminación acústica, dado que esta puede tener consecuencias sobre la salud que van desde efectos subjetivos como molestias (con más de 50 decibelios) hasta fisiológicos como el deterioro de la audición (cuando se superan los 100 decibelios), pasando por efectos psicológicos como las interferencias en la comunicación, el descanso o el sueño.
Pero no se analizaron todas las carreteras autonómicas, pues son miles de kilómetros, sino los 85 tramos con mayor intensidad de tráfico –superior a tres millones de vehículos al año–.
Las conclusiones son que 139 edificios sensibles (111 colegios y 28 centros de salud) sufren exposición al ruido del tráfico. De ellos, 46 colegios y 10 ambulatorios pertenecen a la provincia de Pontevedra. En la de A Coruña, la afección acústica alcanza a 43 centros educativos y otros 12 sanitarios, mientras que en Lugo son 19 colegios y 6 centros de salud. En la provincia de Ourense solo están afectados por el ruido 3 instalaciones educativas.
Los problemas se vuelcan en la red viaria de la fachada atlántica, donde se concentra la mayor parte de la población de Galicia con muchos viales que discurren por el interior de núcleos poblados y aglomeraciones urbanas. Pero en concreto, son las vías pontevedresas las que más afección producen tanto a los edificios de naturaleza sensible como a la población.
En toda Galicia son 92.712 las personas expuestas a un ruido superior a los 50 decibelios, de las que la mitad (45.245) residen en la provincia de Pontevedra. Otras 36.260 que sufren las mismas consecuencias pertenecen a A Coruña, mientras que en Lugo son 7.924 y en Ourense la población afectada no llega a las 3.300.
La carretera con más población afectada por el ruido es la AC-552, que atraviesa A Coruña, Arteixo, Laracha y Carballo. Algo más de 11.000 personas sufren la contaminación acústica provocada por los vehículos que utilizan esta vía.
Pero las seis siguientes carreteras más ruidosas de la comunidad pertenecen a la provincia de Pontevedra. A la cabeza se encuentra la PO-308 entre Pontevedra y Sanxenxo, que afecta a 7.490 personas, seguida muy de cerca por la PO-551 que conecta A Tioira (Marín) con Moaña pasando por Bueu y Cangas, cuya contaminación acústica llega a 7.430 gallegos.
La PO-552 Vigo-Baiona genera molestias por el intenso tráfico a 3.730 personas y la PO-548 entre Vilagarcía y Catoira afecta a 3.640. El ruido de la PO-550 entre Cambados y Sanxenxo afecta a 2.800 personas y la PO-403 en Ponteareas, a otros 2.680.
De vuelta a la provincia de A Coruña, la AC-211 entre San Pedro y la Ría do Burgo genera molestias a 2.150 gallegos mientras que la AC-841 hace lo mismo con 1.910 residentes.
En la provincia de Ourense la afección es mínima y en la de Lugo, las dos carreteras con más impacto acústico con la LU-662 en Monforte, que afecta a 2.964 personas, y la LU-862 entre Cobas y Celeiro, prácticamente con la misma población implicada.
Las propuestas para rebajar el impacto acústico: radares, circunvalaciones o restricciones al tráfico pesado
El nuevo plan de actuación contra la contaminación acústica de las carreteras autonómicas incluye tanto medidas preventivas como correctivas a aplicar en un plazo de cinco años. Pero de momento solo se trata de propuestas cuya ejecución queda supeditada, entre otras cosas, a la disponibilidad de recursos y a la aprobación definitiva del documento.
Entre las intervenciones que se recogen figuran las relativas a reducir la velocidad de los vehículos, para lo que se plantea el uso de radares como elemento disuasorio, rebajar los límites de velocidad en determinados tramos o designar “zonas de tráfico reposado” áreas universitarias, deportivas o residenciales.
También se propone dar más estabilidad al flujo de tráfico para evitar las arrancadas y las paradas o la construcción de circunvalaciones, junto con el desvío a rutas más apropiadas del tráfico pesado o la prohibición de que este circule a determinadas horas del día.
Además, se plantea el uso de diques de tierra o pantallas para frenar la propagación del ruido, junto con el cambio de pavimento.
Como elementos preventivos, la Xunta propone realizar estudios de impacto acústico antes de construirse una nueva carretera para que no se sobrepase cierto límite de decibelios o declarar zonas de servidumbre acústica –también para nuevas vías–, de forma que las edificaciones que construyan posteriormente, el ruido sea responsabilidad de su promotor.
