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Media España reclama al Gobierno una financiación justa y solidaria

Galicia y otras siete autonomías exigen que la nueva financiación autonómica sea “justa y solidaria” y cubra el “coste real” de sus servicios

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Media España reclama al Gobierno una financiación justa y solidaria Xoán Álvarez

El frente de la España vaciada gana fuerza para ejercer de contrapeso en la negociación de la financiación autonómica. Tres años después, de su primera cumbre este bloque liderado por Galicia sumó dos comunidades hasta alcanzar las ocho para marcar posición ante la reforma del reparto de recursos entre territorios, que el Gobierno asegura que afrontará de forma inmediata. Exigen unos recursos suficientes para prestar unos servicios públicos encarecidos por el efecto de la despoblación, el envejecimiento o la dispersión y evitar así “desequilibrios territoriales” y afrontar con garantías la “emergencia demográfica” que amenaza el propio Estado del Bienestar.

El tablero geopolítico interno español experimenta los primeros movimientos de cara a la reforma de la financiación autonómica, un sistema caducado en 2014 y que ni el Gobierno de Rajoy (PP) ni el de Pedro Sánchez (PSOE y UP) lograron renovar. La España vaciada quiere evitar que se prime a las comunidades más pobladas, como Andalucía, o con peso político vital para la continuidad del Ejecutivo, como Cataluña.

“Tenemos voluntad de servicio a las personas y somos leales con el Gobierno de España”

A. Fernández Mañueco - Pte. Castilla y León

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Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Asturias reeditaron ayer en Santiago el frente creado en 2018 en Aragón, al que se unieron La Rioja y Extremadura. Trascendieron así las siglas políticas, pues se mezclaron gobiernos populares, socialistas y regionalistas convocados por el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. “No es un frente contra nadie y si alguno lo quiere ver así, es porque no quiere que hablemos”, aseguró este, una apreciación compartida por sus homólogos y que sirvió precisamente para limar asperezas en el seno del PSOE, pues el Gobierno llamó al orden a las comunidades socialistas convocadas a la cita, como Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Xoán Álvarez Mesa en la que se negoció el acuerdo de ayer.

Este grupo, que equivale a la mitad de España, demanda que se tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos para distribuir recursos entre los territorios y no solo el volumen de población, criterio que las penaliza.

“Antes de decidir cuánto cuesta, hay que decidir qué modelo de sanidad queremos”

G. Fernández Vara - Pte. extremadura

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Envejecimiento y dispersión poblacional son dos ejemplos. El primero incrementa el coste de la sanidad, pues supone tratar a mayor porcentaje de población con dolencias crónicas. El segundo dispara, por ejemplo, el precio del transporte escolar.

“La financiación no se puede hacer por habitantes, sino por el coste de los servicios”

Miguel Ángel Revilla - Pte. Cantabria

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Miguel Ángel Revilla, durante el Foro, ayer en Santiago Xoán Álvarez

“Nosotros gastamos 100.000 euros diarios en transporte escolar y Madrid, 80.000 con seis millones de personas”, ilustró Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. Galicia, en este punto, es el territorio con el desembolso más grande en esta partida.

“No defendemos tener más, sino la misma calidad de servicios en todo el territorio”

Adrián Barbón - Pte. Asturias

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Adrián Barbón, durante su intervención, ayer el el Foro Xoán Álvarez

“El objetivo que debe unirnos es el de acertar en la definición de los costes reales que suponen los servicios que prestamos”, reclaman las ocho comunidades. “Este es el único camino posible para garantizar la igualdad de los españoles con niveles de servicios públicos homogéneos en todas las comunidades y evitar desequilibrios territoriales”, añaden.

“Este no es un frente contra nadie. La noticia no es el ruido, sino el acercamiento”

Alberto Núñez Feijóo - Presidente de la Xunta

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Su declaración conjunta reclama blindar el principio de “solidaridad” y constituye un pequeño golpe sobre la mesa. Hay una España al margen de las comunidades más pobladas que es capaz de superar las barreras partidarias. En concreto, representan el 62% del territorio y el 24% de población. “Es algo bueno para las comunidades, para el conjunto de España y para la política, porque se trata de sumar y no enfrentar”, expuso Feijóo, que aseguró que “la cuestión demográfica es la principal hipoteca de España”.

“La pluralidad no se contrapone con la unidad, y este formato lo está consolidando”

Emiliano García-Page - Pte. Castilla-La Mancha

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La reedición de la cumbre supone casi un deja vù respecto a la de 2018 en Zaragoza, pues entonces también tuvo lugar tras mensajes reiterando que no se trataba de un frente contra el Gobierno ni contra otras autonomías y el Ministerio de Hacienda aseguró tener casi lista una propuesta. El guion es casi calcado al actual, pues la ministra María Jesús Montero había prometido que en noviembre revelarían un modelo para renovar el sistema que permite pagar los servicios públicos en las autonomías.

“Esta declaración le vendrá bien al Gobierno, será más fácil llegar a un acuerdo

Concepción Andreu - Pta. La rioja

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Hacienda maneja entre sus propuestas redefinir el concepto de población ajustada para tratar de contentar a todos los territorios, aunque se antoja complicado. Mientras Valencia pide un fondo específico para paliar su infrafinanciación, la España vaciada exige partidas para afrontar el reto demográfico y Cataluña se presenta como un factor determinante, por no hablar del granero de votos que constituye Andalucía, la comunidad más poblada.

“Sin medidas drásticas, las comunidades estamos abocadas a la inviabilidad”

Javier Lambán - Pte. Aragón

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El presidente aragonés Javier Lambán (PSOE) fue el que vinculó esta negociación no solo con el mantenimiento del Estado del Bienestar, sino con la estabilidad política ante la “posible irrupción de cantonalismos que supondrán más inestabilidad y dificultarán la gobernanza”, en alusión a réplicas del movimiento Teruel Existe. “Sin medidas drásticas para la financiación de los servicios públicos, las comunidades están abocadas a la inviabilidad”, cerró tras celebrar un encuentro “sin frentismos” y que se repetirá en Comillas (Santander), aunque sin fecha pactada aún.

División en la oposición al veto a cazar lobos

No todo fue consenso en la cumbre de Galicia. La Declaración de Santiago no incluyó un asunto del que se descolgaron Extremadura y La Rioja: la búsqueda de una alternativa al veto general a la caza del lobo impuesto por el Gobierno central.

Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León copan el 90% de las manadas y lograron el apoyo de Aragón y Castilla-La Mancha a una reclamación para “lograr un modelo de coexistencia” basado en las batidas excepcionales para controlar la superpoblación de la especia y proteger a los ganaderos. Demandan al Gobierno recuperar “los espacios de consenso y diálogo” en este asunto.

El Gobierno asegura que el nuevo modelo de reparto de recursos requiere “consenso previo”

El Gobierno reaccionó al movimiento de ayer. Su portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, advirtió de que será necesario un “consenso previo” para afrontar la reforma de la financiación autonómica, con la intención de pactar intereses diferentes de cada territorio. Sobre su promesa de presentar en noviembre una propuesta de nuevo sistema, aseguró, tras el Consejo de Ministros, que todavía no ha concluido este mes. Aun así, aprovechó el encuentro de Santiago para asegurar que el consenso debe trascender las diferentes siglas políticas.

Además, alegó para defender el compromiso del Ejecutivo con la financiación de las autonomías que se trata del “Gobierno que más recursos ha dado a las comunidades”.

En Galicia, el encuentro también suscitó reacciones. La líder del BNG, Ana Pontón, lamentó la “falta de ambición” de la Xunta al porfiar en un modelo que “discrimina a Galicia” y que, por tanto, es “una vía muerta”. En el terreno propositivo, pidió incrementar al 90% la gestión de IVA e IRPF, gestionar el impuesto de sociedades y que tributen en la comunidad las empresas con actividad en Galicia.

Un fondo específico para las zonas más envejecidas

En octubre de 2018, Galicia y otras cinco autonomías plasmaron sus reivindicaciones en la Declaración de Zaragoza. Tres años después, el grupo no solo incorporó a Extremadura y La Rioja, sino que añadió nuevas claves a su demanda de un sistema de financiación justo, que atienda al coste real de la prestación de servicios públicos, que encarecen el envejecimiento (a más mayores, más gasto) o la dispersión (a más núcleos, más desembolso).

La Declaración de Santiago pide dinero para el gasto estructural asociado al COVID

Un fondo contra los “desafíos demográficos”

La mitad de España, representada por las ocho autonomías reunidas ayer, exige la creación de un fondo financiado por el Gobierno central “para paliar las desventajas de las zonas con desafíos demográficos provocados, entre otros motivos, por la caída de la natalidad y el envejecimiento. Esta bolsa de dinero supondría el equivalente a los recursos exigidos por comunidades como Valencia para paliar lo que entienden como infrafinanciación.

Next Generation

La pandemia generó una respuesta diferente de la Unión Europea respecto a la crisis financiera de 2008. Si entonces abogó por la austeridad, ahora permitirá a España acceder a 140.000 millones de euros mediante los fondos Next Generation. La Declaración de Santiago no solo pide que se ceda la gestión del 50% de esos recursos a las autonomías, sino que se reparta con criterios “vinculados al reto demográfico, haciendo que la recuperación llegue a todos de manera equitativa”. Como resumió Revilla, este bloque representa “la España real” que nutre la “despensa” del país . Inyectarle recursos permitirá no alimentar más grandes urbes como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, citó.

Guarderías

Consideran imprescindible apostar por medidas para paliar el declive demográfico, incentivando la natalidad y fomentando el retorno de emigrantes.

En el primer ámbito, piden al Gobierno central que “cumpla su propósito de universalización del acceso a los centros infantiles de 0 a 3 años”.

Sanidad

En el ámbito sanitario, las peticiones de la Xunta son secundadas para que el Ministerio de Sanidad promueva la “oferta necesaria de profesionales sanitarios en las especialidades deficitarias”, como Médicos de Familia. Demandan blindar el pago del coste de la sanidad en función del coste en cada territorio e incluyendo “los gastos estructurales que ha dejado la pandemia”. En este punto, quieren que prime el tramo de edad a partir de los 85 años.

Demandan “precios justos” para productos como la leche o la carne

Futuro del campo

Garantizar “precios justos” para el sector primario resulta indispensable, alegan, para garantizar un futuro para la España vaciada y el medio rural. Exigen también reducir la brecha digital en este ámbito, así como el déficit de infraestructuras.

Cláusula de suficiencia

Los cambios en la financiación deben estar supeditados a que en todo momento se garantice la financiación de servicios, independientemente de la evolución de los ingresos de cada comunidad, condicionados, por ejemplo, por la pérdida de población. Urgen ese nuevo modelo, que deberá responder a los costes reales y ser justo y solidario con todos los territorios.

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