En su plan de acción de 2020-2021, la Comisión Galega da Competencia (CGC) recogía la propuesta de estudiar la implantación de un registro de los grupos de interés (lobbies) para darles transparencia ante la opinión pública y, al mismo tiempo, minimizar la capacidad de relacionarse con las administraciones públicas de forma improcedente o no exactamente alineada con los intereses generales. Acabado el estudio, la CGC aboga por un control, si es que finalmente se produce, a medio gas, porque la inscripción en el registro será totalmente voluntaria por parte de los grupos de presión.
El órgano encargado de velar por la competencia en Galicia opta por el mismo esquema seguido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que también deja en manos de las empresas, asociaciones, organizaciones, fundaciones, bufetes de abogados, editoriales... si quieren apuntarse o no. Este registró se creó en 2016 y actualmente cuenta con 1.250 incorporaciones.
En España, no existe ninguna regulación estatal al respecto, pero hay tres comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, que tienen sus propios registros de lobbies donde los ciudadanos pueden consultar quiénes son. En los tres casos, la inscripción es obligatoria y, por tanto, quienes realicen determinadas actuaciones con intención de “influir directa o indirectamente en la elaboración de normas y disposiciones generales, así como en la elaboración y aplicación de políticas públicas” deberán anotarse en las distintas plataformas.
Otras comunidades
El registro de Cataluña es el más exhaustivo, pues cuenta con unos 4.000 grupos de interés inscritos, mientras que el de Madrid tiene cerca de 500 y el de Castilla-La Mancha apenas llega al medio centenar. Sus cargos y representantes políticos tienen que hacer públicos en su agenda de trabajo todos los encuentros y reuniones que mantengan con personas, entes o agentes inscritos como grupos de presión.
Frente a este proceso obligatorio en estas tres comunidades, la Comisión Galega da Competencia apuesta por un registro meramente potestativo, tal como se recoge en el informe –elaborado al respecto– aprobado el pasado 7 de octubre. “La creación de un registro, inicialmente al menos, debiera ser voluntario, y dotarlo de fácil accesibilidad y transparencia”, se expone en el documento.
Los lobbies también tendrían, aunque como mera recomendación, que disponer de una agenda pública en la que notificar sus reuniones con las administraciones y las organizaciones políticas, indicar el “alcance” de las mismas (si son aclaratorias, informativas, divulgativas o participativas en toma de decisiones) y detallar las propuestas legislativas, políticas o iniciativas en las que pretenden influir.
Los lobbies influyen en muchas de las leyes que se tramitan en los parlamentos y en la toma de decisiones políticas. Pero no son necesariamente algo malo, su interlocución con los poderes públicos puede ser ventajosa. El problema es la falta de transparencia, no saber quién está detrás de cierta legislación o de las iniciativas que adoptan los gobiernos.
“La puesta en marcha de un registro de interés facilita un diálogo abierto, transparente y regular de las asociaciones representativas y la sociedad civil para con las organizaciones públicas y la Administración. Esto permite a todas las partes interesadas presentar sus opiniones sobre aquellas decisiones que podrían afectarles, contribuyendo así de manera efectiva a crear la base actual sobre la que reposan las propuestas de políticas. El contacto con las partes interesadas aumenta la calidad del proceso decisorio al crear conductos que permiten la aportación de opiniones y conocimientos especializados externos”, sostiene la CGC.
