Las irregularidades con viviendas protegidas saldrán más baratas el año que viene. Concretamente, hasta 20 veces más económicas, aunque la administración mantendrá su capacidad de imponer castigos que eviten que un infractor obtenga beneficio económico, por ejemplo, de subarrendar un piso de este tipo o venderlo sin contar con licencia de primera ocupación.
La Xunta, como cada año, impulsa una batería de cambios legales en paralelo a la tramitación de los presupuestos, modificaciones blindas por la mayoría absoluta del PP. Se trata de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida comúnmente como Ley de Acompañamiento. En ella, Galicia reducirá la cuantía de las sanciones por infracciones relacionadas con la vivienda protegida, que en la actualidad pueden llegar a 600.000 euros, mitigada con una deducción del 50% a 300.000.
“Esta cuantía resulta excesiva, ya que en la práctica supone que personas con un bajo nivel de ingresos puedan ser sancionadas con multas que pueden llegar a quintuplicar el valor de la vivienda”, alega el Ejecutivo en el cambio de la Ley de Vivienda de 2012, uno de los 27 cambios normativos de este cajón de sastre normativo. “Se deja a salvo, no obstante, la posibilidad ya prevista en la actualidad de incrementar el importe de la sanción en la cuantía necesaria para alcanzar el equivalente al beneficio económico que, en su caso, fuese obtenido con la comisión de la infracción”, añade.
Las multas leves se reducirán a la mitad, quedando entre 150 y 1.500 euros para cuestiones como no depositar la fianza en el Instituto Galego de Vivenda o Solo o no notificar cambios familiares que alteren los requisitos para acceder a una vivienda protegida. En el caso de las graves, pasan de una horquilla de 3.001 a 30.000 euros a otra de 1.501 a 15.000, pasa casos como no destinar este tipo de pisos a domicilio habitual. En el caso de las sanciones más graves, como subarrendarla o venderla sin cumplir las condiciones previstas legalmente relativas, por ejemplo, a un número mínimo de años, se pasa de un abanico de 30.001 a 600.000 euros a otro de 15.001 a 30.000.
Los últimos datos muestran que entre 2015 y 2019 el IGVS sancionó a 90 personas por irregularidades de este tipo con multas que sumaron medio millón de euros.
El precedente de 2017
La Ley de Acompañamiento también incluye otro apartado referido a la vivienda pública. La Xunta creará un fondo de cooperación para apoyar a los pequeños concellos a comprar y promover pisos protegidos: concederá préstamos sin interés que financiará con la bolsa de dinero que suponen las fianzas de alquileres que un inquilino debe depositar ante el IGVS.
En 2017, con cargo a ese dinero, la Xunta puso a disposición de concellos pequeños 10 millones de euros para financiar obras de rehabilitación y combatir el feísmo.
