El pasado verano, los paraguas cobraron en Galicia mayor protagonismo que las toallas de playa. Las precipitaciones superaron un 20% la media anual tras unos meses de julio y agosto mucho más fríos de lo normal. El otoño ha invertido las tornas, con una semana de puente que dejó el termómetro por encima de los 25 grados en muchos lugares de la comunidad, pese al retorno de la normalidad ayer. El tiempo está loco sirve como sentencia para ilustrar los efectos que la comunidad científica atribuye al cambio climático, que acelerará los fenómenos climatológicos extremos.
En ese contexto, la previsión de la Xunta es que Galicia pierda casi el 10% de sus recursos hídricos en 2039, por lo que urgen actuaciones previsoras. Por primera vez en 20 años, los concellos comienzan a dotarse de al menos un arma, siguiendo los cauces administrativos previstos: planes contra la sequía. Ya cuentan con ellos 39 municipios y otros 68 los están tramitando.
Los municipios de más de 20.000 habitantes tienen la obligación desde 2005 de contar con esas estrategias de lucha contra la escasez de agua, una herramienta solo recomendada para los ayuntamientos más pequeños. Hasta ahora, este año estas eran herramientas de las que carecían las entidades locales, al menos validadas por Augas de Galicia.
La ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 fija que esos planes deberán “ser informados por el organismo de cuenca o administración hidráulica competente”, es decir, Augas de Galicia o la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. El concello de Vigo, por ejemplo, asegura contar con una plan contra la sequía, pero Augas niega que lo haya tramitado.
Galicia perderá casi el 10% de sus recursos hídricos en 2039 por el cambio climático
De hecho, hasta ahora Aguas no había dado luz verde a ningún plan de este tipo, que constituye una hoja de ruta en caso de emergencia hídrica para garantizar, sobre todo, el suministro de agua a la población.
En Galicia esa obligación ya es general, no limitada a concellos de más de 20.000 habitantes, pues a finales de 2019 La Lei de Garantía de abastecemento estableció la necesidad de que los municipios contasen con esa estrategia si tienen competencias en suministro de agua.
Esos planes contra la sequía deben contar con una radiografía de demanda y disponibilidad de recursos en la red municipal, definir los posibles riesgos de escasez vinculados a sequía, establecer los escenarios de alerta y las medidas a tomar en cada uno, desde cortar el riego de jardines a suspender el suministro general por horas, bien sea a empresas o a toda la población. También debe indicar qué zonas son más vulnerables a los efectos de ese fenómeno y la población que más problemas puede sufrir, como los mayores o los enfermos crónicos. Además, el concello tendrá que prever alternativas para garantizar el suministro, como acudir a camiones cisterna, desvío de ríos cercanos o uso de embalses hidroeléctricos.
La última gran alarma por sequía se registró en Galicia en 2017, una crisis que se prolongó 15 meses. Entonces, la Xunta decidió lanzar una línea de subvenciones para ayudar a los concellos a contar con esta guía de emergencia y disponer de un protocolo para actuar ante situaciones que cada vez resultan más frecuentes.
El Ejecutivo gallego constata que en el último medio siglo se han intensificado los episodios de sequía. Si entre 1940 y 1975 solo se registró un caso severo, a partir de entonces se han alcanzado ya siete, según la última revisión de la estrategia autonómica contra la sequía. Esta incluye el recurso a los embalses hidroeléctricos para abastecer a la población en caso de falta de recursos hídricos.
En 2019, la consellería de Infraestruturas abrió una línea de ayudas para los concellos, que repitió el año pasado y este y que suman 1,3 millones de euros. “Se trata de una medida enmarcada en la estrategia de la Xunta para blindar el abastecimiento de agua a la población en un contexto de cambio climático en el que es necesario prepararse y poner en marcha medidas de eficiencia para afrontar períodos de escasez de precipitaciones”, apuntan fuentes del departamento de Ethel Vázquez.
Gracias a esas ayudas ya elaboraron sus planes 39 concellos y otros 68 se encuentran en fase de tramitación (el de Celanova se borró de la lista, según la Xunta). La mayor parte no han sido validados por Augas porque pertenecen a la Demarcación Hidrográfica Miño-Sil.
A pesar de la obligación, en el primer listado no figura ninguno de los 23 ayuntamientos de Galicia que superan los 20.000 habitantes. En el segundo, solo están Narón y Ribeira, que recibirán luz verde a sus estrategias en breve.
