A la par que el Gobierno central anunció un fondo de 200 millones de euros en los presupuestos del Estado para 2022 destinados a los jóvenes para pagar el alquiler, la Xunta ha tenido que ampliar su partida destinada a este fin ante el incremento del volumen de solicitudes. Se presentaron más de 6.200 peticiones en la convocatoria de este año y ha sido tan “elevado” el número de aspirantes que el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, se ha visto en la “necesidad” de poner encima de la mesa otro millón de euros en una ampliación de crédito para llegar a los 3,327 millones y así intentar responder a la alta demanda de ayudas ante un alquiler que no deja de crecer en Galicia y en otras comunidades autónomas. Con respecto al fondo inicial recogido en los presupuestos de la Xunta para este año, el algo más del millón adicional supone un incremento del 46%.
Esta ampliación, no obstante, indica el Gobierno gallego, no conlleva una reapertura del plazo de presentación de solicitudes, “sino que se incrementa para atender el mayor número de peticiones presentadas y que cumplan los requisitos”. Durante el período de formalización de las solicitudes de ayudas fueron 6.221 los gallegos que requirieron una aportación pública para hacer frente al pago del alquiler de la vivienda. Son un 37% más que las 4.550 peticiones recibidas en 2019, último año con el que es posible la comparación, dado que en 2020 no se convocó este programa debido al coronavirus y fue sustituido por otro dirigido a minimizar el impacto de la crisis sanitaria sobre los alquileres de vivienda habitual.
Inicialmente la Xunta pretendía resolver las demandas una vez pasado el verano, pero ahora fija el final del año como plazo para dar respuesta a las solicitudes. Eso sí, las subvenciones se abonarán con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año o bien desde la fecha de formalización del contrato. Una vez comunicada la resolución de las subvenciones a los perceptores, estos tendrán que presentar en el IGVS los documentos que acreditan el pago del arrendamiento para que se proceda al reintegro de la ayuda.
Pero no todos los solicitantes tendrán derecho a la prestación. Eso es lo que están determinando ahora los técnicos del IGVS, porque puede haber aspirantes que no cumplan los requisitos para obtener la prestación o que no responda en tiempo y forma a los requerimientos de la documentación que se le hagan.
Aunque esta contribución de fondos públicos los gestiona la Administración autonómica, se inscribe en el Plan de Vivienda del Estado. En la convocatoria de este año hay dos líneas de subvenciones. Una está dirigida a la población general y otra va destinada específicamente a jóvenes de menos de 35 años. Pero ambos colectivos tienen que cumplir además con unos requisitos económicos que la Xunta endureció en la convocatoria de 2019.
Con carácter general, podrán recibir las subvenciones los gallegos con una renta inferior a 1.075 euros mensuales (anteriormente el límite estaba en 1.344 euros). Este umbral, en todo caso, se amplía para familias numerosas de categoría general o personas con determinada discapacidad hasta los 2.151 euros mensuales. Si se trata de familias numerosas de categoría especial (cinco o más hijos) o bien hogares con miembros con discapacidad grave el margen sube a los 2.689 euros.
No hay una cuantía fija en las ayudas, sino que se conceden por un importe equivalente al 40% del alquiler, que se eleva al 50% en caso de mayores de 65 años o menores de 35. Pero además, está limitada la renta mensual que se paga al propietario, que no es universal, sino que la cuantía varía en función de la zona de residencia. Así, solo serán susceptibles de recibir ayudas los alquileres que como máximo asciendan a 500 euros en Vigo, A Coruña, Santiago, Ourense y Pontevedra; 400 en Ferrol, Lugo y concellos medianos y 300 euros en el resto de Galicia.
La vigencia del actual plan expira este año, ya que el Gobierno central diseñará otro par el periodo 2022-2025, en el que tendrá especial importancia el llamado “bono joven” que llegará a entre 40.000 y 50.000 beneficiarios en toda España. Los presupuestos del Estado contarán con una partida de 200 millones de euros y la idea es conceder 250 euros mensuales a los menores de 35 años, si bien están pendientes de detallarse los criterios y las condiciones.
El Ministerio de Hacienda avanzó el jueves que este bono se destinará a jóvenes de entre 18 y 35 con trabajo que no perciban un salario anual superior a los 23.725 euros, tres veces y media el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). “Va dirigido a jóvenes que estén en un dintel de salarios del Iprem vulnerable, con una ayuda mensual en torno a esos 250 euros y será objeto de desarrollo de una reglamentación posterior cuando se presente”, indicó la ministra, María Jesús Montero.
Además, la idea del Gobierno es también rebajar la edad de emancipación, ahora en más de 29 años, para ir acercándola a la media de la Unión Europea, que es de 26,4.
