Gobierno y Xunta desbloquean su conflicto por la Lei de Pesca Continental

Gobierno central y Xunta han desbloqueado el conflicto competencial que mantenían por la Lei de Pesca Continental de Galicia, aprobada el pasado mes de febrero. Ambas partes han sellado un pacto en el marco de la comisión bilateral de cooperación para evitar acudir al Tribunal Constitucional y permitir así la aplicación de la norma. “Ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación a las disposiciones contempladas en este acuerdo y concluida la controversia planteada”, suscriben en un breve documento que zanja el choque, el segundo de estas características en los últimos meses tras el abierto por la Lei de Saúde gallega, de la que finalmente se retiró la opción de imponer la vacunación obligatoria.

Seis artículos de la norma sobre pesca fluvial gallega abrieron el conflicto, que se ha resuelto aclarando que las directrices autonómicas quedan supeditadas a la legislación estatal de Aguas en los casos analizados. Se trata de la definición de aguas continentales o de las actuaciones previstas en el dominio público hidráulico. Para instalar aprovechamientos piscícolas en embalses y lagunas con fines turísticos, será necesario el permiso estatal de ocupación “sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que correspondan a otros órganos”.

En el caso de los vertidos, el acuerdo permitirá aplicar sanciones por la afección a los peces, como explicita el texto gallego, y a la calidad de las aguas, como establece la norma estatal.

Ahora, ambas pares comunicarán su acuerdo al Tribunal Constitucional para dar carpetazo al asunto y permitir que la norma gallega entre en vigor tras haber sido publicada en el Diario Oficial de Galicia el pasado mes de enero. Debería haber entrado en vigor a mediados del mes siguiente.

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