Pérdidas de agua en las redes de suministro, aguas pluviales que se vierten sin control a la red de alcantarillado, sistemas de depuración deficientes... Los sistemas de abastecimiento y saneamiento municipales necesitan un repaso. La Xunta, a través de la nueva Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga, obligará a los concellos a inspeccionar con una periodicidad quinquenal el estado de sus infraestructuras hidráulicas. Además Augas de Galicia realizará cada dos años controles analíticos y medición de los caudales para comprobar si las instalaciones de depuración cumplen la legislación. Si se detectan deficiencias, el ayuntamiento responsable dispondrá de un plazo máximo de dos meses para proponer un plan de actuaciones para resolver los incumplimientos.
Estas medidas serán de obligado cumplimiento para todos los municipios gallegos. Para ello previamente Augas de Galicia hará una radiografía donde identificará las aglomeraciones urbanas de la comunidad, sus instalaciones de saneamiento y depuración y los titulares de estas infraestructuras.
Una vez hecha la foto fija de las redes de abastecimiento y depuración, la nueva ley establece las obligaciones de los concellos para mantener estas instalaciones en buen estado. Además de una auditoría cada cinco años, las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes tendrán dos años de plazo para elaborar un plan de control anual de vertidos. Augas de Galicia echará un cable a los ayuntamientos y preparará unas directrices para elaborar estos planes de control.
Las corporaciones locales deberán garantizar también que sus depuradoras puedan recibir y tratar los residuos procedentes de las fosas sépticas de carácter doméstico. Si no es así, tendrán dos años para adaptar sus estaciones de depuración.
Para tener un control del volumen de aguas que llegan a las redes de alcantarillado y de las que entran en la estación depuradora, las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes están obligadas a instalar medidores del caudal en la red.
Uno de los principales problemas del saneamiento municipal es que las aguas de la lluvia acaban en el alcantarillado y terminan desbordando la capacidad de la depuradora. La Xunta quiere poner remedio a esto. Para ello, obligará a los ayuntamientos a elaborar un plan de reducción de las aguas blancas en las redes de saneamiento. Tendrán que hacerlo en un plazo máximo de dos años.
En todo caso, si un concello no es capaz de gestionar correctamente sus infraestructuras hidráulicas la Xunta les ofrecerá la posibilidad de firmar un convenio para que sea Augas de Galicia quien gestione y explote la red de saneamiento y abastecimiento. “Se promoverá la explotación conjunta para aprovechar sinergias y economías de escala”, defiende la nueva normativa. Este acuerdo tendrá una validez máxima de 40 años. Hasta ahora la Administración autonómica se estaba haciendo cargo de 28 depuradoras.
La nueva ley reordenará los tributos existentes vinculados a la gestión y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas. El canon de gestión de depuradoras sustituirá al denominado “coeficiente de vertido” que la Xunta venía aplicando ya a los ciudadanos de los concellos en los que gestiona la depuradora.
Pero hay una novedad. Debido a las aguas pluviales que se vierten al alcantarillado el volumen tratado en las depuradoras gestionadas por Augas de Galicia es mayor que el volumen gravado por el coeficiente de vertido y no se recuperan costes. Por eso, la Xunta fijará un “caudal máximo” a tratar en sus depuradoras. Si se supera, se cobrarán los costes de depuración por este exceso a los concellos directamente al considerar que es fruto de la mala gestión de las redes.
En todo caso, desde la Consellería de Infraestruturas aclaran que cuando Augas de Galicia asume la explotación del saneamiento municipal realiza una auditoría del estado de las redes y acomete ya las mejoras necesarias para solucionar las deficiencias.
