En torno a 200 millones de euros reciben cada año los agricultores y ganaderos gallegos procedentes de los fondos agrarios de la UE. Los criterios de reparto que se fijen serán determinantes para la supervivencia de muchas explotaciones, hoy al límite por la crisis de precios en origen y los cada vez más elevados costes de producción. La fotografía del campo en España revela dos mundos rurales que poco o nada tienen que ver, con grandes explotaciones en el sur y con pequeñas y medianas granjas de carácter familiar en el norte. En las negociaciones que hoy arrancan con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para definir el plan estratégico nacional, que por primera vez exige Europa a cada Estado miembro para fijar los criterios de reparto, las comunidades autónomas pondrán sobre la mesa sus particularidades para salir beneficiadas, o al menos, no ser las perjudicadas de la nueva Política Agraria Común (PAC), que marcará el futuro del sector agroganadero hasta 2027. Desde Galicia, Asturias, País Vasco y Cantabria, cuestionan la “orientación mediterránea” de los fondos agrarios.

Una PAC más verde y más social, que incentive el relevo generacional y facilite la incorporación de la mujer al campo, con un techo de ayudas por agricultor (hasta 100.000 euros) y que el beneficiario sea un agricultor activo (al menos el 25% de los ingresos totales debe tener origen en la actividad agroganadera) y una menor divergencia entre regiones agrarias. Son algunas claves que regirán los nuevos fondos agrarios, que hoy empezarán a ser debatidas por Gobierno y comunidades autónomas. Durante el periodo 2023-2017, España distribuirá entre casi 700.000 agricultores y ganaderos –unos 27.000 en la comunidad gallega– más de 47.000 millones de euros de la PAC.

Escoesquemas.

Marcarán los fondos agrarios y los compromisos medioambientes y climáticos. Se trata de priorizar en las ayudas a quienes realicen prácticas que beneficien al clima y al medio ambiente, con la preservación y la mejora de carbono orgánico en los suelos con pastos y cubiertas, la agroecología y la agricultura de precisión. Desde el Ministerio de Agricultura se propone destinar un 23% del presupuesto de los pagos directos al fomento de la agricultura verde, que se compensarán con un 2% de los fondos de desarrollo rural para completar el mínimo del 25% exigido por Bruselas.

Tamaño de las explotaciones.

La alianza de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco reclamaban que se priorizase en el reparto de las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones familiares frente a las grandes tierras que predominan en el sur del país. El acuerdo al que se llegó estipula la asignación de al menos un 10% de los pagos directos para pequeñas y medianas explotaciones.

Agricultor activo.

Se ha definido, tal y como reclama el sector desde Galicia, la figura del agricultor genuino. Las expectativas sobre la profesionalización en el campo para optar a estas ayudas han quedado diluidas ya bastará con que el 25% de las rentas provengan de su actividad agraria. También se considerará agricultor activo a quien reciba ayudas directas iguales a 5.000 euros o una cantidad inferiores para incluir así a los agricultores a tiempo parcial

Techo de las ayudas.

La UE fijó el techo en 100.000 euros. El Ministerio de Agricultura prevé fijar recortes a partir de los 60.000 euros, de manera que en el tramo entre 60.000 y 75.000 euros se reducirá la subvención un 25%, que llevará al 50% entre los 75.00 y 90.000 y al 85% entre 90.000 y 100.000.

Reducción de las regiones agrarias.

Hasta el momento, en España había identificadas 50 regiones agrarias. En la próxima campaña, se limitarán a un máximo de 20, en las que se diferenciarán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano y de regadío y cultivos permanentes.