La Xunta autorizará a entidades externas para que puedan tramitar estudios de impacto ambiental de planes y proyectos. Estas firmas podrán ser contratadas por las empresas promotoras de las iniciativas –por ejemplo, un parque eólico, una instalación industrial o cualquier otra actividad que pueda tener impacto sobre el medio ambiente– para que comprueben la documentación que tienen que presentar e incluso se hagan cargo de tramitarla ante la Administración. Esto permitirá reducir burocracia y acortar a 1 mes los plazos, que ahora se sitúan en los 5 meses. Pero además estas entidades podrán prestar también asistencia técnica a la Xunta en la redacción de los informes ambientales e incluso asumir labores de inspección para garantizar que el proyecto autorizado cumple con los parámetros comprometidos.
Este medida aparecía ya contemplada en la Lei de Simplificación Administrativa y de Apoyo a la Reactivación Económica aprobada el pasado mes de febrero y ahora se concreta a través de un anteproyecto de decreto que se aprobará en breve.
Hasta ahora los informes de impacto ambiental los elaboraban técnicos de la Xunta. Estos estudios son determinantes a la hora de autorizar cualquier proyecto empresarial y permiten garantizar que determinadas actividades y obras no van en detrimento del medio ambiente. Sin embargo, su tramitación alargaba en exceso la implantación de nuevas iniciativas empresariales. De ahí que la Xunta recurra a entidades externas de evaluación ambiental para agilizar los procedimientos.
Eficacia
“Se suplen las eventuales limitaciones de la disponibilidad de medios propios reduciendo los tiempos de tramitación de los procedimientos y contribuyendo a incrementar la eficacia en el ejercicio de las funciones de protección ambiental”, justifica el borrador del anteproyecto de decreto.
El Gobierno gallego alega que este sistema ya funciona en otras comunidades como Andalucía, Canarias, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana o Extremadura. Y para evitar distorsiones la Xunta establece un régimen de incompatibilidades, de manera que no podrá trabajar en una entidad de colaboración ambiental ninguna persona que tenga relación con las empresas a las que ayudará a tramitar el estudio de impacto ambiental. También obliga a estas empresas a suscribir un seguro de responsabilidad civil por un millón de euros con el que cubrirán cualquier riesgo que pueda derivarse de su actuación.
Se creará un registro donde deberán estar inscritas las empresas que ayuden en los trámites de estudio ambiental.
Banco de expertos
Pero ésta no será la única medida que ayudará a acortar los plazos de tramitación ambiental. La Xunta creará un banco de expertos. Cuando en la tramitación de un proyecto necesite consultar a otra administración para elaborar la evaluación ambiental y ésta no conteste o la información que aporte sea insuficiente, podrá solicitar un informe a la persona experta “sin necesidad de reiterar la solicitud” y reducir así la demora.
La Xunta pagará a estos expertos, pero su retribución no podrá superar en ningún caso el valor estimado máximo de los contratos menores de servicios, es decir, los 15.000 euros.
