Lesiones, robos con violencia e intimidación, violencia doméstica, amenazas o hurtos son los principales delitos que comenten los menores en Galicia, atendiendo a la frecuencia con la que aparecen en la memoria específica de la Consellería de Política Social relativa al año pasado. En ese ejercicio los juzgados notificaron en la comunidad un total de 785 medidas judiciales que afectaron a 511 adolescentes de 14 a 18 años, con arreglo a la ley que regula la responsabilidad penal en esa franja de edad.
De ellos, un total de 342, dos de cada tres, fueron dados de alta por primera vez en la aplicación en la que la Xunta, a través de la Consellería de Política Social, registra a los menores infractores afectados por decisiones judiciales. Y eso a pesar de que el pasado año la pandemia implicó un largo confinamiento, con la consiguiente inactividad de muchos negocios y las limitaciones a la circulación.
De hecho, la subdirectora xeral de Política Familiar, Infancia y Adolescencia de la Xunta, Cristina Blanco, si bien advierte que es precoz realizar un análisis profundo de por qué bajan las cifras en 2020, especula con que la crisis del coronavirus y el período de confinamiento que conllevó redujeron la posibilidad de cometer delitos y además, añade, los juzgados ralentizaron “bastante” su actividad. Considera que “puede” deberse a una “combinación de ambas” el que, en general la cifra de medidas notificadas cayese un 33% y que los menores con medidas notificadas en 2020 se hayan rebajado en casi un veinte por ciento con respecto a los datos de 2019, desde los 649 adolescentes a 511. Los delitos registrados bajaron en una proporción bastante similar, hasta 913, según recoge la Xunta.
Si dos de cada tres habrían cometido un acto delictivo por primera vez, el tercio restante ya aparecía en la aplicación de la Xunta. Blanco señala que tiene que ver en muchos casos con que un mismo menor tenga que cumplir varias medidas judiciales y ya consta en el registro. La subdirectora xeral de Familia aclara que si un joven tiene varias medidas, puede que no las cumple todas el mismo año; suelen ir “una detrás de otra”. Y eso “se arrastra anualmente”.
Las medidas pendientes de ejecución alcanzaron las 257, la segunda cifra más elevada del lustro. Las razones para que vayan quedando pendientes, señala el informe respecto a las medidas de internamiento –aunque la mayoría de las que aún no se han llevado a la práctica son de medio abierto, las más numerosas y también permiten, señala Blanco, un trabajo educativo y de inserción “fundamental” para evitar la reincidencia– son que el menor estuviese ejecutando otras de iguales características, por la “imposibilidad” de localizar a los jóvenes por los juzgados o por haber algún recurso pendiente de resolución.
El informe refleja asimismo cómo en el último lustro las fugas y los no retornos (de un permiso) suman 130. Blanco aclara que las primeras son “anecdóticas”. Son episodios que suelen producirse al inicio del cumplimiento de las medidas, “cuando aún no ha habido mucho tiempo para trabajar con ellos a nivel educativo”, señala. Porque si los juzgados dictaminan una medida, la Xunta la ejecuta y establece un “plan educativo”, que incluye formación e inserción.
Blanco destaca que a la Administración gallega, y a otras, la “preocupan” sobre todo los delitos vinculados a la violencia doméstica e implementar medidas “integradoras”. Así, cita de ejemplo el Programa Convive Comigo, en el que el menor se integra en una familia acogedora para cumplir la medida en un núcleo familiar para luego poder volver a su domicilio.
