El año pasado se impusieron en Galicia 807 penas que afectaron a un total de 471 menores, un 20 por ciento más que los adolescentes que iniciaron condena por cometer algún delito durante el año anterior (392). En la práctica, eso supone que cada semana se notificaron de media sanciones a nueve jóvenes, en línea con la tendencia del último lustro. No obstante, si hace dos años fueron los robos con violencia o intimidación la principal infracción que cometían los adolescentes, ahora han tomado el relevo los delitos de lesiones.

Así lo permiten constatar los datos de la Memoria de 2017 de la Consellería de Política Social que se acaba de publicar y en la que se hace un balance de la ejecución de medidas judiciales previstas en la Ley del Menor. Las estadísticas recopiladas relativas a las medidas notificadas a lo largo de 2017 muestran además que 127 jóvenes que no habían cumplido los 18 años estuvieron implicados en delitos de lesiones, un 78 por ciento más que el año previo, cuando habían sido 75, y se les impusieron un total de 161 penas (87 el año anterior). Porque un mismo chico (sobre todo chicos, porque ellos son el 77% de los menores que iniciaron condenas en 2017) puede ser castigado con varias medidas correctoras o cometer varios delitos.

El segundo delito más frecuente fueron los hurtos (63), mientras que hay que bajar al cuarto puesto para encontrar al líder de 2016: el robo con violencia o intimidación (47 casos). Aun así, si se suman todos los delitos vinculados al patrimonio, incluido robo con fuerza en las cosas (39), entre otros, serían más numerosos que los vinculados a lesiones y violencia.

Entre las condenas que suponen privación de libertad y las que no, son las segundas las que se imponen: de las 807 medidas notificadas el año pasado, supusieron internamiento en un centro 173, una de cada cinco. En el resto de los casos, un total de 634, los tribunales han preferido correctivos menos restrictivos, como libertad vigilada (en la que se realiza un seguimiento de sus actividades), la imposición de tareas socioeducativas o las prestaciones en servicio de la comunidad.

Los datos también revelan que las agresiones en el seno del hogar, sobre todo a progenitores, pero también a otros familiares, siguen la tónica del año anterior. Entonces un total de 49 adolescentes fue condenado por delitos de violencia de género y doméstica física o psíquica habitual, cuando un año después fueron 48. A estos habría que sumarles casi otros tantos -45- condenados por violencia doméstica, aunque puede tratarse de una agresión aislada (el año anterior habían sido 48). Además, la memoria incluye 8 casos de condenados por maltratar a su pareja, 3 más que en 2016.

También se registra un incremento muy acusado entre los condenados por atentados contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos y contra funcionarios docentes, sanitarios y otros: 25 menores, cuando un año atrás eran 11 los implicados en ese tipo de delitos que sufrieron un castigo por ello.

Entre los delitos más graves el informe menciona un homicidio imprudente y un caso de condena por agresión sexual.

Los datos los recopila Política Social dado que la Ley del Menor indica que le corresponde a la comunidad ejecutar las medidas impuestas por los tribunales a los menores. De hecho, no siempre se ejecutan el año en que son notificadas. Como revela el informe de Política Social, hay 159 medidas pendientes de ejecución, 124 del año 2017 y 35 de otros años. En todo caso, es la cifra más baja de medidas pendientes de todo el lustro del que ofrece datos la Xunta, y supone una reducción de un 65% con respecto a las de 2013, cuando llegaron a 462.

En total, el año pasado cumplían medidas judiciales por la comisión de algún delito un total de 676 menores, casi un 10% más que en 2016 pero aun así la segunda cifra más baja del último lustro y un 25% inferior a los 909 de 2013. Según la Xunta, un total de 361 menores fueron dados de alta por primera vez en la aplicación de gestión de menores infractores, la segunda cifra más elevada de estos cinco años. Es decir, solo uno de cada cuatro adolescentes afectados por medidas notificadas el año pasado había sido condenado antes por cometer algún delito.