Las llamadas colas del hambre, las filas de ciudadanos a las puertas de comedores sociales o entidades benéficas que reparten alimentos, no ilustran la dimensión del drama social que está generando la crisis desencadenada por el COVID-19, que ha condenado a miles de personas a paralizar su actividad laboral, dependiendo de ayudas públicas, ERTE’s o parientes para llegar a fin de mes. Sin embargo, muchos de los afectados por esta recesión sin precedentes desde el golpe de Estado de 1936 y la guerra que ocasionó se encuentran al margen de esas colas. El bono de alimentos de la Xunta para adquirir comida y productos de primera necesidad ya permite llegar a fin de mes a más de 20.000 hogares, tras un crecimiento de 4.000 subvenciones desde la Navidad, cuando arreció la tercera ola. En total, 35.000 gallegos reciben entre 150 y 300 euros a través de una tarjeta monedero para afrontar el día a día.
El crecimiento de este subsidio va parejo al aumento de las dificultades de los gallegos conforme avanza la pandemia, que cumple ya un año en la sociedad. El año pasado se cerró con casi 615.000 hogares gallegos con dificultades para llegar a fin de mes, lo que supone el 57,5% del total, la cifra más alta en cinco años y que se empareja con datos de la última crisis financiera global.
Las restricciones impuestas para frenar el COVID-19 han paralizado sectores económicos como el cultural o el hostelero, dejando en la estacada a miles de familias. Como salvavidas de emergencia, la Consellería de Política Social lanzó el pasado mes de julio una tarjeta monedero que se recargaría mensualmente con un dinero en función de los miembros de la unidad familiar para adquirir alimentos y/o productos de higiene y farmacéuticos.
La demanda de estas ayudas obligó a la Xunta a incrementar las cuantías previstas y el tiempo de duración de las mismas, que ahora puede alcanzar los nueve meses y que finalizará el próximo junio. De una inversión prevista de 13,5 millones se pasará a al menos 26,5 si no se prorroga de nuevo.
Esta tarjeta está destinada a familias “en situación de vulnerabilidad económica, bien porque carecen de ingresos efectivos o bien porque en la unidad de convivencia no se perciben prestaciones económicas periódicas regulares”, según Política Social. El límite de ingresos para poder recibir la ayuda es el equivalente al tramo que le correspondería a cada persona de la renta de inclusión social (Risga), que oscila entre los 423 euros mensuales para un ciudadano que vive solo, 570 para un hogar de tres miembros y un máximo de 762 para uno de siete o más.
Los servicios sociales municipales son la primera ventanilla a la que recurren los interesados. Si estos autorizan la ayuda, reciben una tarjeta que les permite mantener su privacidad y en la que se le ingresan 150 euros mensuales, si es un hogar unifamiliar, 200 si es de dos miembros y 300 si es de tres o más. Como máximo, pueden recibir 1.350, 1.800 y 2.700 euros, respectivamente.
“La tarjeta no estigmatiza a las personas que la reciben: ni hay que hacer colas ni acudir a ningún establecimiento específico para obtener los productos. En el supermercado, paga su compra con una tarjeta de crédito con la tarjeta básica”, añade Política Social.
“La demanda va a más: llegaremos a 40.000 personas”
“La tarjeta básica no soluciona los problemas de las personas en dificultades económicas, pero les permite ir aguantando, especialmente ante los problemas de tramitación de la Risga o del Ingreso Mínimo Vital”. Joaquín Varela, coordinador de Cruz Roja en Galicia, destaca el incremento de la demanda de esta ayuda para comprar alimentos y productos farmacéuticos y/o de higiene como un termómetro de la crisis causada por el COVID-19. “Ojalá no hiciese falta, pero las necesidades no solo no han bajado, sino que la demanda va a más. Hay gente que está con muchos problemas y con nuestros cálculos creemos que se llegará a 40.000 personas”, vaticina sobre una ayuda que involucra tres patas. Los servicios sociales municipales analizan los casos y ponen en conocimiento de ciudadanos en riesgo de exclusión la opción de la tarjeta, que tramita luego Cruz Roja y que financia Política Social. ¿Existe un perfil mayoritario de beneficiarios? “Hay todo tipo de coletivos. Lo que más abunda son personas que viven solas y hogares con tres o más”, explica. Entre ellos, muchos trabajadores temporales de hostelería o servicios que se han quedado sin sustento y, en muchas ocasiones, fuera de los ERTE’s. De momento, la demanda se mantiene. En las dos semanas de febrero Política Social concedió 2.000 nuevas tarjetas, media similar al pico de noviembre, con 4.200 ayudas. en todo el mes. Varela destaca la agilidad de este sistema, que no estigmativa y que puede resolverse en 24 horas.
