Sanitarios, ingenieros, profesores, agricultores, pequeños empresarios, jóvenes en busca de oportunidades... Las voces del rural se hicieron oír ayer en el Congreso de los Diputados, un lugar en el que a diario se reúnen más personas que los vecinos que viven en muchas aldeas de Galicia y del resto de España. Para tratar de frenar los problemas de la España rural, envejecida y lastrada por la precariedad de servicios, y negocios, 80 plataformas y 160 organizaciones de doce comunidades autónomas desgranaron en la Cámara baja 101 propuestas que recoge el documento “Modelo de desarrollo de la España vaciada”. El movimiento surgido hace dos años se propone corregir los desajustes y la falta de oportunidades de unos territorios que avanzan hacia la despoblación con, entre otras medidas, una reducción de la fiscalidad para arraigar población y un pacto de Estado con medidas que vayan más allá de una legislatura y compromisos que no queden a expensas de los vaivenes políticos.
Galicia es uno de los territorios más amenazados por el declive demográfico por lo que la Xunta junto con otras tres comunidades (Asturias, Cantabria y Castilla y León), crearon un frente común para luchar contra el éxodo rural. Unos 200 concellos tiene menos de 5.000 habitantes y 41 de ellos, según un informe monográfico del Banco de España sobre despoblación, están en riesgo de desaparecer si no revierten las tendencias demográficas.
Discriminación positiva
Desde las plataformas que buscan dinamizar los pequeños ayuntamientos, reclaman una mejora de la fiscalidad en el rural e introducir la discriminación positiva, también en materia social y de emprendimiento. Sociedades, IRPF, IVA, Sucesiones y Donaciones además de las cotizaciones a la Seguridad Social y hacerlo en dos direcciones, para compensar a las personas y empresas que ya ubicadas en estos territorios y a quienes decidan trasladar su residencia permanente a núcleos rurales. Son algunas de las propuestas que recoge el documento, que también propone bajar el IVA a los productos del sector primario y una fiscalidad verde que compense a las zonas rurales.
La llamada España vaciada quiere convertirse en tierra de oportunidades y nada mejor para atraer población que una fiscalidad diferenciada que rebaja el IRPF a trabajadores que fijen su residencia en municipios de menos de 5.000 habitantes, bonifica a autónomos e incentiva a empresas que se implanten en el rural.
Además de una nueva fiscalidad, los territorios lastrados por el envejecimiento y la despoblación urgen la a creación de una agencia pública independiente para coordinar todas las actuaciones, la implantación de un canon para obligar a las energéticas a realizar inversiones sociales, el reconocimiento de las comarcas como una unidad territorial además de las provincias y hasta una reforma de la Constitución para incluir una mención expresa al deber público de compensar a los territorios menos poblados. También nuevas inversiones en atención primaria y en la red convencional de ferrocarril.
Documento abierto
Son algunas de las medidas de un documento “abierto” de la sociedad civil, presentado en un acto en el Congreso por el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que, en nombre de la España vaciada, calificó “de justicia” aplicar una fiscalidad diferenciada en estos territorios porque si el Estado no da los mismos servicios, “es justo que no paguen los mismos impuestos”.
Sobre la inyección de fondos europeos al rural, Guitarte celebró los 10.000 millones anunciados por Pedro Sánchez, pero recordó al presidente de Gobierno que son solo “el punto de partida” y le exigen “compromiso real” contra la despoblación. En concreto, instan al Gobierno central a actuar ya porque para algunos territorios esperar “dos o tres años puede ser desastroso” y hacerlo de “manera sostenida” para que esto se resuelva en un plazo máximo de 30 años, no más allá de 2050.
