El anonimato de los funcionarios encargados de cuestiones delicadas, como la inspección de centros sociales y residencias de mayores o la decisión sobre situaciones de desamparo de menores de edad, resulta fundamental para evitar presiones externas de las empresas o ciudadanos afectados. Sin embargo, su identidad todavía no está del todo protegida en algunas nuevas modalidades administrativas digitales. Para blindar sus datos, Política Social reformará su sistema de códigos a lo largo de este año.
En la actualidad, este tipo de empleados públicos cuentan con un código que permite garantizar su anonimato cuando firman un expediente sancionador, por ejemplo, pero cuando utilizan su firma digital existen lagunas que pueden causar que aparezcan en los expedientes sus nombres y números de DNI, como reconocen desde el departamento dirigido por Fabiola García.
Para cubrir ese hueco, la consellería cuenta con un borrador normativo para evitar cualquier filtración de ese tipo en el formato telemático. “La emisión del certificado digital de seudónimo responde a la necesidad de garantizar el adecuado desarrollo de dichas funciones, evitando eventuales injerencias en el ámbito personal de la plantilla de empleados públicos”, alega en el documento, que previsiblemente se aprobará antes de final de año.
Esta habilitación de seudónimo digital se dirige a puestos de trabajo en áreas de especial sensibilidad, aquellos que “implican la condición de autoridad o el ejercicio de funciones que requieren dicha protección de la identidad por razones de seguridad y para garantizar su realización con objetividad e imparcialidad”, añade el borrador de decreto.
Tres cuerpos afectados
Dispondrán de acceso a ese protección de identidad digital el personal inspector de servicios sociales, los técnicos de apoyo a este cuerpo, los profesionales de los equipos de menores de las jefaturas territoriales encargados de la “valoración de situaciones de desamparo de menores y la adopción de medidas de protección (que incluyen la retirada de la custodia de los progenitores, por ejemplo) y la plantilla de los centros de reeducación.
Este sistema entrará en vigor una vez que se ha anunciado también el endurecimiento de las condiciones para abrir centros sociales y de mayores tras las carencias detectadas durante la pandemia de COVID-19, durante la que gran parte de los 2.410 fallecidos en Galicia eran usuarios de residencias o servicios sociales similares.
En los nueve primeros meses del año, de hecho, Política Social realizó 250 inspecciones y abrió 32 propuestas de sanción. En 2019, registró una denuncia al día por anomalías en esos servicios, como carecer de personal necesario o contar con condiciones insalubres.
