El confinamiento vivido el año pasado cuando estalló la pandemia de COVID-19, hasta el punto de obligar a imponer un estado de alarma que vació las calles, puso de manifiesto la brecha digital existente entre las familias con más dificultades económicas. Un 30% de los hogares gallegos con escolares carecía de medios para proporcionarles una conexión a internet que les permitiese seguir correctamente las clases telemáticas que sustituyeron a las presenciales para evitar contagios. Esos problemas se agravaron con el paso de los meses, pues el año pasado se cerró con la mayor cantidad de familias gallegas que llegaron a fin de mes gracias a ayudas sociales (25.000), debido a la convivencia entre Risga e Ingreso Mínimo Vital. Para paliar las dificultades de acceso a la red de esos ciudadanos, Galicia ensayará un “banco público” de dispositivos electrónicos de segunda mano (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores...) que procedan de donaciones y que serán cedidos a las personas en riesgo de exclusión social siempre que estas participen en “itinerarios de inclusión” y carezcan de esos equipos tecnológicos.
Esta iniciativa forma parte del paquete de proyectos de la Consellería de Política Social que buscarán financiación del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con dinero de la Unión Europea. El INCConecta pretende “avanzar en la inclusión social telemática y reducir la brecha digital en las personas en situación de vulnerabilidad”.
La iniciativa piloto, que contará con una inversión de 600.000 euros, se apoyará en tres estrategias para construir algo parecido a un negocio de segunda mano que permita alargar la vida útil de dispositivos usados y beneficiar a población con problemas. Eso sí, esta deberá costearse la conexión a la red.
Por un lado, Política Social pondrá en marcha una plataforma en internet o una aplicación móvil (app) que sirva para “casar oferta y demanda” de esos apartados por parte de ciudadanos inmersos en itinerarios formativos o de inclusión social. Por otro, creará un sistema que permita recoger donaciones de ciudadanos y empresas de material “en condiciones potenciales de un segundo o tercer uso”. Finalmente, la administración también comprará móviles, ordenadores y similares nuevos “como refuerzo” de las donaciones, que, por tanto, serán el eje central de este programa.
Esta política pretende conectar a la red a un sector de la población gallega en situación de vulnerabilidad para facilitar su acceso a servicios sociales y de empleo, cada vez más digitalizados. De hecho, la Xunta tuvo que reformar la primera versión de su bono eléctrico para financiar parte de la factura de la luz porque solo contemplaba la solicitud telemática, a la que no tenían acceso la mayoría de potenciales beneficiarios.
Reciclaje
“Contribuirá a reducir la brecha digital en un momento en que es clave disponer de medios y conocimientos para acceder a información y servicios” de forma autónoma, aclara el departamento de Fabiola García. “Además, con la reutilización de dispositivos antiguos, que en muchas ocasiones caen en desuso o se reciclan erróneamente, se busca reducir el impacto ambiental”, añade.
El proyecto piloto está vinculado, de momento, a los fondos europeos de recuperación, pero Política Social valora aplicarlo igualmente si no resulta seleccionado. Si la experiencia, que primará las familias con menores de edad, resulta satisfactoria, buscará extenderla.
Ese departamento aspira a 164 millones de euros del fondo de la UE para políticas sociales. De ellos, el 60% iría a parar a la construcción de centros sociales; un 10%, a teleasistencia avanzada; otros 33 millones, a proyectos pilotos de modernización tecnológica; otro 10%, a mejorar la atención a menores tutelados; y 2,5 millones, a mejorar la accesibilidad a la administración.
Galicia reclama al Gobierno 1,7 millones pendientes del fondo social extraordinario
La conselleira de Política Social, Fabiola García, remitió esta semana una carta a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, sobre los temas conjuntos a abordar, en la que le reclama la transferencia urgente de 1,7 millones de euros “pendiente” del fondo social extraordinario. En su opinión, la asignación de 17 millones en marzo es un “error”.
Se trata de una “equivocación que continúa sin enmendarse”, por lo que la conselleira pregunta a Belarra sobre el mecanismo que prevé emplear el Gobierno para transferir a Galicia esos 1,7 millones, ya que los gallegos “necesitan con más urgencia que nunca cuantos fondos se puedan destinar a fines sociales“.
En la misiva, sobre la que informó ayer la Xunta, García destaca que, entre los principales objetivos compartidos, está la mejora en la aplicación del ingreso mínimo vital, así como la reforma del sistema de dependencia para lo que es fundamental “la coordinación y el buen entendimiento”.
También recuerda al Gobierno que debe completar la puesta en marcha del Centro galego do desenvolvemento integral (Cegadi), a través de la creación de sendos centros de referencia estatal para personas con discapacidad física y de autonomía personal, y una transferencia mínima de 500.000 euros para hacer frente a los gastos del centro.
