El Gobierno central acumula otra sentencia en su contra por no abonar a las comunidades autónomas la liquidación del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017, que para el conjunto de España supondría unos 2.500 millones de euros. Si hace dos semanas el Tribunal Supremo (TS) fallaba a favor de Castilla y León en su litigio contra el Ministerio de Hacienda, ahora acaba de hacerlo también dando la razón a la Xunta y condenando al Gobierno a saldar esa deuda, que en el caso de Galicia asciende a unos 200 millones de euros, si bien la cantidad exacta tiene que ser determinada posteriormente en el momento de la ejecución de la sentencia porque hay un desfase entre la cantidad reclamada por el Ejecutivo gallego (204 millones) y la reconocida por Hacienda.
“Se trata de una noticia esperada, pero no por ello deja de ser una excelente noticia”, declaraba ayer en Oporto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el primero en informar del fallo del Supremo.
Tras la negativa del Gobierno central a pagar es liquidación del IVA pendiente de 2017, las autonomías acudieron a la vía judicial para hacer valer sus reivindicaciones. Tras Castilla y León, Galicia es la segunda comunidad que ha salido victoriosa en el litigio. “Por fin el Supremo repone el equilibrio y el orden estatutario y constitucional”, valoró Feijóo, para el que los 200 millones llegarán en un “momento muy complicado” para las arcas autonómicas debido a la caída de la recaudación por la pandemia.
Aprender de los errores
“Espero que el Gobierno aprenda que no se puede hacer lo que a uno le da la gana ni se puede usar dinero de las comunidades para financiar sus decisiones. Al final bien vale la pena defender aquello en lo que uno cree. Aquí había argumentos y ahora el Supremo da la razón a la comunidad y se la quita al Gobierno”, declaró el titular del Ejecutivo autonómico.
El origen de este conflicto está en un cambio impuesto por el Gobierno de Rajoy sobre el sistema de información del IVA, que hizo que el último mes del año 2017 quedara sin pagar a las comunidades autónomas.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, si bien reconoció desde siempre la deuda, había informado en 2019 que con los presupuestos prorrogados de entonces no se podía abonar la recaudación de lVA. Y el pasado año argumentó que la deuda se tenía que pagar en un plazo máximo de dos años, pero que no se pudo hacer porque el proyecto de presupuestos socialistas no superó la tramitación, que era el sistema por el que el Gobierno pretendía resolver la liquidación. Así que se negó a pagar los 2.500 millones de euros que reclamaban las autonomías.
Ante esta postura, las comunidades recurrieron a la vía judicial, cada una con sus argumentos, similares pero no iguales.
Cobrar cuanto antes
La sentencia del Supremo, al igual que hizo con la de Castilla y León, estima la demanda gallega de forma “parcial” al no aceptarse la cantidad exacta que reclama la Xunta (204 millones de euros) por no haber quedado debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado. La cifra concreta se deberá fijar en el momento de la ejecución de la sentencia, que la Xunta hará todo lo posible para que sea “en el plazo más breve posible”.
El TS tiene claro que el cambio del sistema de información del IVA introducido por el Gobierno de Rajoy originó un desequilibrio y una disfunción, pues quedó un mes sin contar. “Trajo consigo una alteración en las reglas del sistema de financiación autonómica, produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la comunidad autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado”, se recoge en la Sentencia.
El "doble atropello" del PP
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que el Gobierno cumplirá con la sentencia y lo que se aplique a una comunidad, se aplicará a todas. Es decir, que se buscará una solución conjunta para saldar la deuda, aunque a la hora de pagar, será cuando "lo considere oportuno" la Abogacía del Estado.
Montero, que compareció en rueda de prensa para explicar la reforma fiscal y las medidas de lucha contra el fraude que recoge el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, atribuyó esta situación "al doble atropello" del PP, mientras que es ahora el PSOE el que "va a arreglar el problema y cumplir con la sentencia".
Así, dijo que le gustaría que las comunidades del PP que ahora reclaman el dinero pidieran "explicaciones" a su partido de por qué se aprobó esa liquidación cuando ellos gobernaban y entonces "no lo denunciaron", al tiempo que ha preguntado a las comunidades que además de "pedir el dinero", digan si lo van a destinar a reducir el déficit o a qué.
"¿Las comunidades autónomas van a utilizar ahora este dinero para reducir el déficit que provocaron porque no se les pagó?", se preguntó la ministra, que recordó que los gobiernos regionales cerraron 2017 con un déficit del 0,6% del PIB, frente al 0,3% previsto, y algunos de ellos lo atribuyeron a la menor liquidación por IVA.
"Me parecer bien que reivindiquen la ejecución de la sentencia, pero que lo aclaren también", subrayó la titular de Hacienda.
Feijóo pide a España y Portugal destinar fondos europeos a la conexión ferroviaria atlántica
Los presidentes de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y de la Cámara Municipal de Oporto, Rui Moreira, reclamaron ayer que se prioricen las conexiones ferroviarias de la fachada atlántica aprovechándose de los fondos europeos de recuperación. Ambos políticos participaron en la segunda edición de Diálogos Gallaecia, celebrada en la ciudad lusa. Feijóo abogó por que los Gobiernos de España y Portugal realicen esta apuesta por lo que supondrá de mejora para la competitividad de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
En su intervención, aludió a la oportunidad que supone el Corredor Atlántico ferroviario para reforzar la capacidad logística del córner del noroeste peninsular, con las conexiones ferroviarias a Punta Langosteira, “ya encaminada”, y la salida sur de Vigo, cuyo estudio para valorar las distintas alternativas acaba de ser licitado por el Ministerio de Transportes. Asimismo, celebró también la confirmación del Ejecutivo portugués de priorizar la conexión entre Vigo y Oporto, una infraestructura estratégica que catapultaría la vertebración a ambos lados de la frontera, al acortar el tiempo de viaje de los 144 minutos actuales a cerca de una hora; y creando, además, un eje continuo desde Lisboa hasta A Coruña.
A lo largo de su intervención, el titular de la Xunta afirmó que Galicia seguirá apostando por la eurorregión y, consecuentemente, por la cooperación entre ambos territorios, dando continuidad a un trabajo que siempre dio buenos resultados. Ante movimientos antieuropeístas, Feijóo defendió, asimismo, la importancia de seguir apuntalando la Unión Europea y su proyecto, “de seguir apuntalando el mayor espacio de bienestar y libertad del mundo que sigue siendo”. A favor de la cooperación entre el Norte de Portugal y Galicia tanto Feijóo como Rui Moreira coincidieron en que trabajar conjuntamente incrementa las opciones de “competitividad” de ambos territorios y favorece el logro de proyectos comunes.
