El Tribunal Supremo ha señalado el camino para que el Estado acabe pagando finalmente a Galicia –y al resto de las comunidades autónomas– la liquidación del IVA pendiente de diciembre de 2017, que en el caso gallego asciende a 204 millones de euros. La vía abierta para saldar esta deuda es la sentencia, conocida ayer, que falla a favor de la Junta de Castilla y León y condena al Estado a pagarle los 182 millones correspondientes a esa liquidación del IVA. Se trata de la primera sentencia en este sentido dictada en España y que podría suponer el abono de hasta 2.500 millones de euros para el conjunto de las autonomías. La Xunta espera la resolución del Supremo, ya que también demandó el dinero por la vía judicial, y confía en que el fallo también sea favorable a sus intereses.
El origen de este conflicto está en un cambio impuesto por el Gobierno de Rajoy sobre el sistema de información del IVA, que hizo que el último mes del año 2017 quedara sin transferir a las comunidades autónomas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez había informado en 2019 que con los presupuestos prorrogados no se podía abonar la recaudación de lVA y el pasado año notificó oficialmente que la deuda se tenía que pagar en un plazo máximo de dos años, pero que no se pudo hacer porque el proyecto de presupuestos socialistas no superó la tramitación, que era el sistema por el que el Gobierno pretendía resolver la liquidación. Así que esta negativa a saldar la deuda llevó a las comunidades a recurrir a la vía judicial. Galicia presentó su recurso en agosto del pasado año.
Buenas perspectivas
Nada más conocerse la sentencia del Supremo en favor de Castilla y León, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, sostuvo que “todo indica” que los 204 millones correspondientes al IVA acabarán finalmente en las arcas autonómicas “porque son de todos los gallegos”.
Valeriano Martínez dio la “bienvenida” a esta sentencia, pues valora que “lo importante es que entró en el fondo del asunto” y, por tanto, el debate político tiene ya poco recorrido. “En 2017 los gallegos sí que abonaron su IVA y por un cambio de sistema resulta que se deben a la comunidad autónoma 204 millones”, recordó.
Si bien el conselleiro confía en que el Supremo siga con Galicia el mismo camino que con Castilla y León, apeló a la “prudencia”.
La diputada Noa Presas (BNG) apuntó que la vía judicial era un paso que la Xunta tenía que haber tomar “hace mucho tiempo”, pues “hubo que convencerlos de que fuesen a los tribunales”. “Cada uno que aguante su vela”, reprochó.
Además, criticó el “peso pluma” del presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, para hacer valer sus reivindicaciones en el Estado.
Argumentos similares
El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, recalcó que los argumentos del Gobierno gallego “eran muy similares” a los de Castilla y León, por lo que da “muchas esperanzas” al recorrido del recurso de la Xunta. “Siempre defendió que había una cantidad que el Estado tenía que pagar y el Gobierno central se negaba. Lo mismo defiende Castilla y León y acaban de darle la razón. En el caso de Galicia, esperamos que suceda lo mismo”, declaró Rueda.
En concreto, la Junta castellano-leonesa interpuso un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020, después de que el Consejo de Ministros desestimara por falta de respuesta la reclamación del pago de las cantidades debidas a Castilla y León por la liquidación del IVA de 2017.
El Tribunal Supremo lo estimó y ahora obliga al Estado a pagar a esa comunidad los 182 millones que se le adeudan de la liquidación del IVA, con 120,5 de forma directa y 61,5 más del nuevo cálculo de la variación de los ingresos tributarios del Estado.
Mostrando el camino
La Junta destacó que esa resolución judicial “puede abrir la vía a los recursos de las demás comunidades autónomas en idéntica situación, lo que supondrá para el Estado analizar el pago de hasta 2.500 millones”.
El recurso de la Junta remarcó que en ningún caso se estaba efectuando un recurso contra la liquidación definitiva tributaria de ese año, efectuada y comunicada por el Estado a la Junta en el año 2019, en la que faltaba el computo de un mes de IVA, es decir, no se pedía la revisión de dicho acto, sino que se formulaba una reclamación nueva de cantidad por un importe igual a la cantidad dejada de percibir, por lo que no había un acto consentido y firme.
Al respecto, reconoce el Tribunal Supremo que “con la interposición del presente recurso, la recurrente no pretende la revisión de la liquidación practicada con fecha 30 de julio de 2019, sino, únicamente, que se compense el desfase financiero provocado por el Real Decreto 596/2016”.
La resolución judicial recoge también que “debe afirmarse que el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el Real decreto 596/2016, de 2 de diciembre, determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la comunidad autónoma”.
Facenda denuncia una discriminación de 660 millones en fondos COVID
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, denunció ayer que Galicia ha recibido 660 millones de euros menos del Gobierno central para la lucha contra el COVID de lo que le correspondería por el sistema de financiación autonómica, por lo que reclamó el apoyo de los grupos de la oposición para acabar con esta “discriminación” en el dinero que aún queda por repartir. Así lo expuso en una comparecencia en el Parlamento gallego, en la que se quejó de “múltiples ejemplos de penalización” que sufre Galicia debido a los “diferentes y cambiantes” criterios aplicados por el Estado.
“Al final, siempre salimos trasquilados los mismos”, aseveró el conselleiro de Facenda. En esta línea, recriminó que el Ejecutivo central lleva “muchos meses perjudicando a Galicia en el reparto de todos los fondos que se habilitan para la lucha contra la pandemia”. Y es que “están recibiendo más recursos” aquellas comunidades que “tiene mayor renta per cápita”, en detrimento del resto.
Puso de ejemplo que Galicia solo recibió el 2,5% de los fondos del plan de saneamiento y depuración de aguas, así como solo el 3,6% para la rehabilitación de viviendas. “Esta discrecionalidad no puede continuar”, sostuvo. En su intervención, Martínez señaló que el Gobierno gallego tuvo un gasto extraordinario de 629 millones en 2020 por la pandemia, con un “esfuerzo adicional” de 90 millones por encima de los recursos recibidos.
Se refirió al gasto extra de 270,3 millones para sanidad, 115,8 millones para educación, 70,2 millones para políticas sociales y 53,7 millones para empleo, entre otras partidas. Además, remarcó el aplazamiento que se puso en marcha para el abono de impuestos autonómicos, del que se beneficiaron uno de cada cinco contribuyentes.
Por ello, Valeriano Martínez apeló al “apoyo de todos los grupos” para demandar que se “corrija esta discriminación” en el próximo reparto de fondos europeos de reconstrucción en favor de la “cogobernanza”. Acusó al Gobierno de actuar “como si las comunidades fuesen una sucursal” o “una subcontrata”. Por este motivo, no se muestra “optimista” acerca de los fondos europeos, dado que se están usando criterios “cambiantes” y “cada vez más alejados del sistema de financiación autonómico”.
Por su parte, Noa Presas (BNG) afeó que el conselleiro no aporte a los grupos los informes “clandestinos” de cierre de ejercicio, con el objetivo de “disfrazar la realidad más positiva de lo que es” y reprobó que acuda al Parlamento a “llorar, pero a no a hacer nada”. De hecho, consideró que la denuncia que hace el Gobierno gallego al Estado sobre el “oscurantismo” en los fondos europeos “es la misma” que se puede hacer a la Xunta.
La diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo recriminó a la Xunta su “falta de transparencia” y “opacidad” en relación con un informe “fantasma” no facilitado por el conselleiro a los grupos acerca del cierre del ejercicio de 2020. Una intervención que ha reducido a “publicidad y propaganda”.
