El plan del Gobierno para implantar un peaje por circular por autovías y vías convencionales a partir de 2024, apostando por el modelo “el que lo usa lo paga”, ha generado un rechazo frontal unánime en los actores económicos y sociales.
Empresarios, autónomos, usuarios de carretera y transportistas se oponen a la idea, recogida en el plan de recuperación enviado a la Unión Europea y que todavía carece de concreción en cuanto a tarifas (se baraja de 1 a 10 céntimos por kilómetro) y formas de pago. Alegan todos los sectores consultados que supondrá un pago duplicado, pues ya se destinan fondos e impuestos al mantenimiento de las vías, y que penalizará a las comunidades periféricas como la gallega, al encarecer la salida de sus productos al mercado estatal y, sobre todo, al europeo.
El director de la DGT sobre el controvertido peaje en las autovías: "El que lo usa lo paga"
La trinchera creada contra esa propuesta excede ese ámbito y alcanza también la política, pues se han posicionado en contra el socio del PSOE en el Gobierno, Unidas Podemos, ejecutivos autonómicos como el gallego (PP) y el andaluz de PP y Ciudadanos (“En nuestras carreteras no se va a pagar ni un solo peaje”, avanza) e incluso cargos socialistas, como el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, o la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez.
"El impacto en Galicia se agravaría porque ya pagamos mucho por la Autopista del Atlántico (AP-9)"
“Estamos en absoluto desacuerdo, además de no conocer exactamente cuál es ese nuevo modelo. El impacto en Galicia se agravaría porque ya pagamos mucho por la Autopista del Atlántico (AP-9)”, expone Jorge Cebreiros, representante de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, que destaca lo que en su opinión es una incongruencia.
El Gobierno alega la necesidad de que los usuarios de las vías paguen su mantenimiento, cuestión que arrastra un déficit de 8.000 millones de euros, según el Ministerio de Transportes. “Y mientras, revierten los peajes de la AP-4 y la AP-7 con cargo a los presupuestos. Será un agravio de competitividad a favor de las empresas que están en Madrid, por ejemplo, y no tienen que hacer 500 kilómetros para llegar al mercado central”, añade.
Similar postura muestra la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ante una medida sin concretar, pero sobre la que se barajan propuestas que irían desde 1 céntimo a los 10 por kilómetro.
“La imposición de esta medida puede derivar en el desvío de tráfico a vías convencionales en peor estado con el consiguiente riesgo de incremento en el número de accidentes de tráfico y la consiguiente pérdida de tiempo tanto para los usuarios particulares como para los transportistas, que contribuiría a perjudicar todavía más la competitividad de las empresas gallegas, dañando la ya maltrecha economía e implicando el posible cierre de algunas de las mismas”, expone esta asociación empresarial.
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El plan también ha generado oposición entre los transportistas, que vinculan la propuesta con la presión del lobby de las constructoras ante la falta de obra pública. “Nosotros trasladaremos el coste al cliente y este, al consumidor. Eso hará que algunos productos no sean competitivos. La leche o el agua de Galicia, por ejemplo, supondrán más coste de logística que de producción”, advierte Ramón Alonso, presidente de la Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer).
“Esa tasa podría poner en riesgo la continuidad de muchas de nuestras pymes del transporte”
Alberto Vila, gerente de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor), estima que una tarifa de 10 céntimos por kilómetro supondría un coste extra de 1.500 euros por vehículo, “difícil de trasladar de forma directa y lineal al cliente”.
“Al final, pagará el consumidor”
En la misma línea se sitúa Antonio Señarís, de Fetram, que añade una queja por la falta de negociación del Gobierno, que en el plan de recuperación estipula la necesidad de pactar con el sector la medida para evitar protestas como las de Francia. “Aportamos 14.000 millones de euros en impuesto de hidrocarburos, es tres veces lo necesario para arreglar las autovías”, añade. “Al final, pagará el consumidor”, concluye el transportista.
Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA), cree “aventurado” lanzar una propuesta de este tipo sin saber el grado de recuperación de la economía tras la crisis causada por el COVID-19 y aboga por elevarlos ingresos y no los impuestos, por ejemplo, “generando negocios en las autovías”. “No hay talleres ni hoteles”, ilustra.
Las autovías de Portugal estrenan un sistema de peaje "online" asociado a matrículas
Por su parte Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados se muestra “radicalmente contrario” al plan y recuerda que en Portugal, que lo adoptó en 2010, tuvo consecuencias negativas.“Se desvió el tráfico de autovías a carreteras menos seguras”, recuerda. “Es una medida regresiva. Las carreteras deben financiarse con los impuestos de todos porque son un servicio público”, finaliza.
El Gobierno condiciona la implantación en 2024 a la recuperación económica ante la avalancha de críticas
El Gobierno se enfrentó ayer a una oposición prácticamente unánime a su propuesta de implantar el cobro en autovías y vías convencionales, en sintonía con la mayoría de países europeos, y condicionó el año 2024 como fecha de su puesta en marcha a la evolución de la recuperación económica. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, aseguró que esa fecha “puede ser orientativa” y dependerá de la coyuntura, aunque defendió la propuesta a favor de una “movilidad sostenible”, según informa Efe.
Montero afirma que la fecha de los peajes dependerá de la recuperación económica
Más vehemente en la defensa de la idea fue la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que recordó el pago de peajes en las carreteras “es el modelo europeo y el más justo desde el punto de vista de la distribución en el territorio” durante su comparecencia en el la comisión económica del Congreso, informa Europa Press. Parece razonable que paguen algo también los 100.000 vehículos que entran todos los días en el país, la mitad de ellos extranjeros”, ha aseverado la ministra de Asuntos Económicos, llamando a encontrar “un sistema mucho más eficaz” para mantener las autopistas “que sea igual para el resto”.
La Xunta, opuesta
Entre las voces opuestas a la medida se sitúa la de la Xunta. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, reclamó “voz y voto” para las comunidades, con competencias en transporte, y alertó del coste para la comunidad: “No vamos a consentir una alternativa que grave aún más la posición periférica de Galicia”. En medio de las críticas, destacaron los aplausos de la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la patronal de la construcción, Seopan. Esta se ha mostrado a favor de los peajes para solventar el elevado déficit en mantenimiento de carreteras, que ha ido engordando progresivamente con la reversión al Estado de varias autopistas. Asimismo, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) señala a Europa Press que la prioridad es conservar las carreteras, por lo que defiende bien un peaje estilo Euroviñeta, bien una tasa anual única a los dueños de vehículos.
Un sistema extendido en la Unión Europea
La mayoría de países europeos incluye en sus sistemas de circulación pagos adicionales por el uso de vías de alta capacidad o por túneles o puentes, un sistema de peajes que en España solo tiene el 18% de carreteras, según un reciente informe del Foro Económico. En Europa los únicos países libres de cualquier canon son Albania, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Ucrania. En Alemania, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos y Suecia se paga por algunas obras concretas, como túneles o puentes, mientras que el resto incorpora algún coste o el sistema de viñeta, un permiso temporal para circular por determinadas vías en lugar de pagar por distancia. A los tradicionales peajes físicos se añaden los mecanismos adhesivos que se colocan en el vehículo (caso de Suiza o Austria) o los peajes electrónicos controlados por cámaras como los de Portugal.
Los peajes son el futuro, creen los expertos
La propuesta de cobrar a quienes usan las carreteras un peaje se ajusta al principio de que “quien contamina paga” y se instalará en la sociedad europea de forma irremediable. De hecho, en 23 países de la UE ya existe algún gravamen de este tipo, según Javier San Martín, profesor de Logística Sostenible de OBS Business School. “Es indudable es que vamos hacia un mundo en el que los compromisos crecientes de las leyes medioambientales irán haciendo cada vez más necesario establecer tasas más exigentes para los usuarios de un servicio que contamine más de lo necesario. Debemos acostumbrarnos porque irán creciendo”, cree.