El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha acordado conceder a la familia Franco el plazo de un mes para la retirada “de las cosas, bienes u objetos” que hay en el interior del pazo de Meirás, con la excepción de aquellas que eventualmente se encuentren en él por haber sido colocadas por el Estado tras haber tomado posesión del inmueble. Además, la letrada de la Administración de Justicia, en la diligencia de ordenación, contra la que cabe presentar recurso de reposición, requiere al Estado para que permita el acceso al pazo de los profesionales que designe la familia Franco para poder efectuar la retirada de los bienes.
También da a las partes diez días para aceptar o alegar a la petición de los Franco de declarar no existente el inventario sobre los bienes del pazo y de prohibir su divulgación.
La diligencia se puede recurrir y el Concello de Sada lo hará, mientras su regidor, Benito Portela, se pregunta “qué estuvieron haciendo” Xunta y Estado para impedir que los Franco “dejen desnudo” el pazo. También el BNG urge a Xunta y Estado a actuar ya para evitar “un nuevo saqueo” y otro “expolio”.
Por su parte, desde el Ejecutivo central, según trasladaba este jueves el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, responden que se está “estudiando” recurrir la decisión del juzgado y si se iniciará un pleito para reclamar los bienes que considere Patrimonio Nacional asignados al jefe de Estado, posibilidad que dejó abierta la Audiencia, aunque matiza que el Gobierno defenderá “lo que se considere propiedad del Estado”, informa Europa Press.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informaba de la diligencia del juzgado, que fija un mes para que los Franco retiren los bienes del interior de Meirás –la familia adelantó su voluntad de retirarlos todos, incluidos los BIC, para lo que tendría que pedir autorización a la Xunta– y que requiere al Estado que permita el acceso de los profesionales que elija la familia para llevar a cabo el traslado. Además, da a las partes diez días para aceptar o alegar a la petición de los Franco de declarar no existente el inventario sobre los bienes del pazo y de prohibir su divulgación.
Sada se opondrá “frontalmente” a la petición de anular el inventario, informaba ayer su regidor, Benito Portela, quien censura que la administración central no haya presentado ninguna acción judicial tras la revocación del depósito mobiliario en favor del Estado y que afea al Gobierno autonómico la ausencia de medidas administrativas cautelares que impidan la retirada de bienes del edificio. “Los Franco pretenden despojar el pazo de todo su contenido interior y Estado y Xunta, de actores pasivos”, recriminó. Por ello, el Consistorio insta a Estado y Xunta a ejercer sus competencias para evitar que los Franco se lleven los muebles. “Ni un minuto más de pasividad ante las maniobras de los herederos del dictador. Ni un minuto más de tolerancia ante el despojo del Pazo de Meirás”, proclamó.
También Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, entiende que “tanto la Xunta como el Gobierno central tienen en su mano instrumentos para evitar un nuevo saqueo de la familia Franco” y conmina a actuar de forma urgente. Así, insta al Gobierno a un nuevo recurso para defender la titularidad pública de los bienes que forman parte del BIC y alega que dicha declaración permite al Ejecutivo gallego poner en marcha medidas urgentes para evitar “que se puede despiezar” su “contenido y su continente”. “Pedimos que la Xunta y Gobierno actúen para evitar un nuevo expolio”, añadió, en una “lucha” en la que, a su juicio, “hay algo simbólico”.
Varapalo judicial
Hace apenas una semana la Audiencia Provincial estimaba el recurso de los herederos del dictador contra las medidas que les impedían retirar los bienes muebles hasta que una sentencia definitiva fijase la titularidad. Los jueces revocaron la resolución de la magistrada Marta Canales, dando luz verde a los nietos del golpista a llevarse el mobiliario, obras de arte y enseres. Además, condenaban al Estado a indemnizarlos por los daños y perjuicios que hubiese podido ocasionarles una “apropiación”.
La Audiencia tumbó por improcedente la prohibición de retirar los bienes muebles del pazo y argumentó que la demanda del Estado se limitaba al inmueble y a las fincas. Al continente, no al contenido.
