El Concello de O Grove, con sentencias previas en la mano, creía salvados los núcleos de población costeros consolidados que estaban en principio afectados por la Ley de Costas. La franja de protección iba a reducirse de 100 a 20 metros, lo cual significaba someter a la disciplina urbanística ordinaria un buen número de viviendas, hoteles y otros inmuebles, algunos de ellos amenazados de derribo, dado que la normativa de Costas es mucho más rigurosa y restrictiva, tanto para realizar cualquier actividad como para ejecutar obras. Este cambio quedaba avalado por una sentencia del TSXG de 2016.
Pero Costas, dependiente del Gobierno central, presentó un recurso contra el proceso de regularización, al que el TSXG dio la razón en 2020, echando por tierra los argumentos anteriores. Y este último pronunciamiento ha sido ahora ratificado por el Tribunal Supremo, por lo que la situación vuelve al punto de partida, colocando de nuevo a las edificaciones ubicadas en los 100 metros más próximos al mar en un escenario de incertidumbre al no permitir su regularización.
