La Audiencia de Pontevedra no parece dispuesta a suspender la vista contra tres organizaciones gallegas por el alijo de 1.700 kilos de cocaína intervenidos en 2018 a bordo del remolcador Titán III y la veintena de acusados, cuyo inicio está previsto para el próximo lunes. La Sala de la Sección Cuarta, formada por tres magistradas, ha rechazado aplazar el juicio como pedían algunas defensas que alegan que una de las abogadas, residente en Santiago, está de baja tras sufrir una doble fractura de tibia y peroné en una pierna, y otra se encuentra a punto de dar a luz. Sale de cuentas el mismo lunes que empieza el juicio, día 22, y tiene ese día dos citas médicas a primera hora.
La Sala ha reservado tres días para el inicio de las sesiones, cuestiones previas y declaración de procesados, sin fecha para el restos de las sesiones y, tras consultar al fiscal y a los forenses, ha acordado mantener la fecha del inicio del juicio, si bien en atención a la letrada embarazada la vista comenzará a las 12.30 horas. En el caso de la abogada que se encuentra de baja, se indica que puede desplazarse desde Santiago y acudir en silla de ruedas.
El fiscal abría también la posibilidad de que asistiera a sus defendidos por videoconferencia, algo que algunos juristas consideran inviable dada las penas tan elevadas a las que se enfrentan los acusados. Ante esta situación, los letrados estudian presentar un escrito de amparo al Colegio de Abogados y un escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial.
El juicio debía celebrarse en la Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo el pasado mes de febrero, ya que fue el Juzgado de Instrucción 4 de la ciudad olívica quien dirigió la operación, pero el COVID obligó a trasladarlo a la capital de la provincia dadas las restricciones sanitarias: la sala de vistas viguesa resulta pequeña para acoger a los 21 procesados y sus letrados cumpliendo las distancias reglamentarias. Además, la Sala de Vigo fue recusada y hubo que formar tribunal con jueces de Pontevedra
Los 1.700 kilos de cocaína intervenidos a bordo del remolcador Titán Tercero entre Azores y Funchal en agosto de 2018 iban destinados a una alianza de tres grupos de narcos gallegos. Así, el grupo encargado de las infraestructuras sería el liderado supuestamente por el histórico cambadés Jacinto Santos Viñas –detenido mientras disfrutaba del tercer grado penitenciario por una condena anterior–, además de Luis Manuel Rodríguez, Víctor Pérez y Rafael Diez.
El segundo grupo, relacionado con el suministro o la titularidad de la cocaína, se atribuye al boirense Mario Otero Díaz, en colaboración su pareja y uno de sus hijos, así como al holandés o brasileño Paul Wouter, fallecido durante la instrucción y que contaba con dos identidades distintas Con ellos trabajarían quienes iban a encargarse supuestamente de la recepción del alijo, caso del patrón del pesquero gallego Sempre Cacharelos, Serafín Pego Vidal y varios tripulantes. El tercer grupo sería el del andaluz Pedro Rodríguez, armador y patrón del remolcador Titán III, y los marineros senegaleses y de Guyana. De los 21 procesados, tres siguen en prisión, caso de Mario Otero, considerado cabecilla del alijo.
La Fiscalía pide penas de entre 9 y 13 años de prisión para cada uno de los procesados, siendo las más altas las de los supuestos cabecillas.
En la explosión de la operación policial fueron detenidos Manuel Charlín, de 89 años, y su hijo Melchor que eran investigados por un envío frustrado de cocaína. El juez instructor los exoneró tras comprobar que finalmente los otros grupos los “puentearon” por falta de infraestructura y liquidez económica.
No obstante, en el escrito de acusación, la Fiscalía recoge que dos de los supuestos cabecillas se reunían en una furgoneta para “perfilar los porcentajes de ganancia en la operación que se pretendía posibilitar gracias a la colaboración de Manuel Charlín y Francisco Melchor Charlín”, con quien se reunía uno de ellos.
