La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso presentado por Unauto, la mayor asociación de compañías de VTC (vehículos de alquiler con conductor), contra la norma de la Xunta que regula el transporte público de personas en vehículos de turismo. Este decreto pretende poner orden en el conflicto entre el sector del taxi y los vehículos de alquiler con conductor.
El recurso de Unauto era contra el decreto de septiembre de 2018 del Ejecutivo central que desarrolla la normativa gallega, que incluye la actividad de las VTC, y que aprobó la Xunta meses después. El objetivo era la revocación parcial de la ley autonómica, pero el Alto Tribunal no ha aceptado la petición de la asociación que solicitaba la nulidad de cinco artículos y de 15 apartados de otros tres artículos. El rechazo a todas sus peticiones supone que la sentencia ratifica en su integridad la normativa estatal y su aplicación ajustada a la Ley de Transportes autonómica de la Xunta, con lo que da la razón a la Conselleria de Infraestruturas e Vivenda y a la Federación de autónomos del taxi de Galicia (Fegataxi) que eran las partes demandadas.
En la sentencia de 11 folios, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia asegura que “nos hallamos ante una actividad sometida a intervención administrativa en atención a su trascendencia para los intereses generales y de los usuarios del servicio”.
Distintivos
La desestimación del recurso conlleva que se mantengan sin modificaciones todos los preceptos de la ley gallega que habían sido denunciados por Unauto. Dos de ellos son que estos vehículos deben portar distintivos que faciliten tanto su reconocimiento en la vía pública como las inspecciones y la obligación de la contratación del servicio de VTC con un tiempo de antelación mínimo para evitar que puedan recoger clientes de forma imprevista por la calle. Los taxistas no solo exigían esa cláusula, sino también el establecimiento de un tiempo mínimo de antelación para contratar el servicio.
La normativa también incluye, y había sido recurrida por la patronal de las operadoras de VTC, la posibilidad de que la Xunta restrinja el número de autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor que pueden prestar servicio en la comunidad.
