Llegar a anciano, bien atendido y con calidad de vida, es un derecho que tarda en alcanzarse, si es que llega, y con muchos líos y limbos administrativos. La atención a la dependencia es un sistema con muchas “deficiencias e incoherencias”. Así lo considera el Tribunal de Cuentas en su último informe tras analizar a fondo la realidad española y de cada comunidad autónoma. Según el órgano fiscalizador del sector público español, por el medio hay trabas que no se salvan, o que tardan mucho en resolverse, y dinero que se malgasta por la mala coordinación entre las diferentes administraciones.
El “insuficiente control” de las bases de datos por parte del Imserso se traduce en duplicidades, pagos indebidos, beneficiarios no reconocidos por las autonomías, pero sí por el Estado, y viceversa… Sin ir más lejos, para Galicia, entre 2013 y 2018, el informe aflora unos 28.650 errores en expedientes de dependientes gallegos.
Según la aplicación informática del Imserso, a 31 de diciembre de 2018, en Galicia había 55.564 beneficiarios reconocidos. Sin embargo, en la base de datos de la Xunta, que utiliza un programa informático propio, eran 59.147. Entre las dos existe una coincidencia total en 49.730 usuarios. Pero eso es solo la punta del iceberg del problema. El Tribunal de Cuentas recoge dudas sobre la calidad de la información relativa a casi 13.300 dependientes. Esto quiere decir que los datos de uno de cada cuatro casos no son plenamente coincidentes, tales como, por ejemplo, el grado de dependencia de una persona, que puede no estar actualizado.
Además, el Imserso pidió la comprobación de cerca de 9.500 expedientes que correspondían a beneficiarios que figuraban en la base de datos de la Xunta, pero no estaban registrados en el sistema estatal. En este sentido, y tras comprobarlas y ajustarlas a 3.700, el órgano fiscalizador considera que Galicia habría dejado de recibir más de 360.000 euros al mes en prestaciones por parte de la Administración General del Estado. Todo ello “debido a la deficiente calidad de la información remitida”.
También resultan llamativos los abonos realizados por el Estado a las comunidades por individuos que ya habían fallecido. Un total de 2.033 en el conjunto de España (en 2011, eran más de 12.000). En la autonomía gallega, este juzgado verificó la existencia de 116 personas fallecidas entre 2008 y 2018 que, aun así, se hallaban en el listado del Imserso. Una incidencia que provocó pagos indebidos de más de 665.000 euros.
Como consecuencia de las “numerosas deficiencias”, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) transfirió indebidamente, en concepto de nivel mínimo de protección, un importe estimado de casi 284 millones de euros, mal repartidos por todo el territorio nacional.
Por todo ello, el Tribunal de Cuentas valora las medidas adoptadas por el Imserso para lograr la homogeneidad de la información como “no eficaces ni adecuadas, desde el punto de vista económico”, ya que la información recogida “continúa sin ofrecer garantías de fiabilidad”, provocando “distorsiones” en los datos estadísticos.
Pero no solo a Administración General del Estado ha incumplido las recomendaciones emitidas desde hace años. Lo que realmente le preocupa al órgano fiscalizador, aparte de la descoordinación y la “incomunicación”, es el tiempo de espera para recibir una prestación. El plazo máximo desde el momento en el que se solicita la ayuda a la dependencia y hasta que se recibe no debe superar los seis meses de trámite. Pero eso es un propósito que tan solo cumple el País Vasco (149 días de aguarda ), así que lo que considera el objetivo “incumplido”.
En Galicia, el promedio de espera, entre los años 2013 y 2018, fue de más de diez meses. Exactamente, de 310 días. Un periodo más bajo que el de la media nacional, que supera el año de retraso (383 días). Con tal motivo, insta a las autoridades competentes en la comunidad a adoptar las medidas necesarias para cumplir con el plazo máximo establecido en la Ley de Dependencia y, con ello, terminar con los prejuicios provocados en los damnificados (a día de hoy, en Galicia mueren dos personas al día pendientes de recibir una prestación).
Por otro lado, el informe certifica que, a principios de 2019, el 11,5% de los dependientes gallegos reconocidos todavía no recibían una ayuda. Aunque es la quinta comunidad con la tasa más baja. A esa fecha, el 70% de las prestaciones concebidas eran en calidad de servicios, mientras que el 30% restante se trataba de subvenciones económicas.
