El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña decretó la reapertura de las actuaciones sobre la denominada operación Zeta, que investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones para actividades de formación, tras recibir el informe que había solicitado hace dos años a la Intervención General del Estado sobre las mismas y que motivó el sobreseimiento provisional del caso durante ese tiempo. El documento refleja numerosas irregularidades en la concesión y realización de esas iniciativas por parte de las empresas vinculadas a Gerardo Crespo Riestra, propietario del grupo Azetanet, quien recibió a través de la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo) en los años 2008 y 2009 subvenciones de diferentes comunidades autónomas y del Estado por valor de 3,6 millones de euros para la realización de 38 cursos, 23 de ellos con la Xunta de Galicia.
La operación Zeta se inició en 2011 y cuenta con más de 50 investigados entre empresarios, dirigentes de asociaciones, sindicalistas y ex altos cargos de la Xunta del PP y de la de PSOE y BNG. Las investigaciones situaron a Gerardo Crespo y a Eliseo Calviño, presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), como presuntos cabecillas de la organización. Crespo está investigado como supuesto autor de los delitos de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental, aunque pueden derivar en los de prevaricación y corrupción.
La mayor parte de las actividades subvencionadas por la Xunta recibieron fondos de la Consellería de Traballo, tanto en el periodo del bipartito PSOE-BNG, en el que estaba dirigida por Ricardo Varela, como en el primer gobierno del PP de Alberto Núñez Feijóo, en la que la titular del departamento era Beatriz Mato.
La Intervención General del Estado aprecia en los expedientes de las subvenciones irregularidades como la subcontratación con 11 empresas del propio grupo presidido por Crespo, pese a que está prohibida por la ley. Todas estas sociedades están dirigidas por “personas unidas por vínculos familiares” con Crespo, a excepción de una que lo está directamente por él mismo.
En varias ocasiones, el informe menciona a la compañía Galitec Consultoría, que impartió muchos de los cursos, afirmando que “se trata de una empresa de la trama”.
Otra de las compañías, pese a no estar participada o administrada por Crespo o sus familiares, “pudiera ser considerada como entidad vinculada a Fundefo”, según la Intervención, ya que el propietario del 80% de su capital es empleado de varia sociedades del grupo de Crespo, y el 20% restante es de la cónyuge de aquél.
También se menciona que algunas de las empresas que supuestamente prestaron servicios a Fundefo carecen de personal o medios para desempeñar su labor, así como que no consta la realización de una parte de los cursos. En otras actividades no existe una relación de los asistentes, mientras que en otras aparecen empleados de Crespo como alumnos. Incluso los tres patronos de Fundefo y sus respectivos cónyuges figuran como contratados y cobraron por ello, pese a que al tratarse de una fundación debían recibir unas autorizaciones que no aparecen en los expedientes.
