La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, rastreará la comunidad autónoma para identificar la bolsa de empresas y particulares que estando obligados no pagan el canon del agua o el coeficiente de vertido y para comprobar que quienes sí lo abonan, lo hacen en consonancia con el volumen real de consumo o la carga contaminante que generan. De este peinado por toda la comunidad se encargará una empresa privada a la que la Xunta contratará esta encomienda por un precio de salida de 1,4 millones de euros. El rastreo durará dos años, aunque existe la posibilidad de una prórroga para que esta tarea se extienda por un tercer ejercicio más.
Los presupuestos del Gobierno gallego para 2021 prevén un ingreso de 52,1 millones de euros para las arcas autonómicas por el canon del agua, a los que se sumarán otros 5,6 millones procedentes del coeficiente de vertidos. En total son, por tanto, casi 58 millones por estos dos conceptos.
En 1993 se creó del canon de saneamiento, aunque en 2010, por otra ley, se transformó en el canon del agua, que comenzó a aplicarse en 2012 y es el que está vigente actualmente. Grava el volumen de agua consumida, que en el caso de las industrias podría ser sustituido por la carga contaminante que generan con sus vertidos. Aunque de la recaudación se encargan los ayuntamientos y las compañías concesionarias de la gestión del agua, el importe del canon acaba en Augas de Galicia, que destina estos fondos a financiar parte del ciclo del agua.
La principal novedad que introdujo el canon del agua es su carácter progresivo, de forma que pagan más quienes más líquido gasten, con una parte fija y otra variable en función del consumo. El objetivo declarado por entonces era el de incentivar un uso responsable del agua.
En teoría, todos los consumidores deberían estar identificados, pero en la realidad no sucede así. Hay una bolsa de usuarios que no están registrados y se libran de pagar esta tasa, de ahí que periódicamente la Xunta encargue un rastreo por toda la comunidad para localizarlos y sumarlos a la lista de contribuyentes.
Bien por un problema de gestión de los municipios, por picaresca o porque los usuarios recurren a fuentes de captación propias, existe un indeterminado número de domicilios e industrias que se salvan de pagar el canon. A ello se suma el riesgo de que las empresas no estén abonando el importe adecuado de acuerdo con el agua consumida o la carga contaminante que generan con su actividad.
Entre las tareas que tendrá la empresa adjudicataria del contrato figura la “identificación” de los consumidores que, teniendo la obligación, no estén pagando la tasa, con el objeto de que Augas de Galicia les requiera posteriormente el abono del canon. También tendrá que comprobar si las bases imponibles declaradas se ajustan a los consumos reales, dado que pueda haber consumidores, tanto particulares como industrias, que se estén abasteciendo de captaciones propias que no estén dadas de alta y por tanto, eludiendo el pago de la tasa.
Además, en el caso de que las empresas opten por la modalidad de carga contaminante, deberá apoyar a la Xunta en la toma de muestras de los vertidos y su transporte para el análisis pertinente.
Por otra parte, la adjudicataria tendrá que comprobar los ingresos realizados por los usuarios y detectar los posibles impagos. Y en el caso de que los consumidores soliciten la exención de la tasa, el aplazamiento del pago, una bonificación o una variación en el número de personas residentes en la vivienda –dado que el canon, al ser progresivo, tiene en cuenta el número de convivientes para calcular el importe–, la empresa deberá comprobar toda la documentación para verificar que está en regla.
El canon de agua sufrió modificaciones en diciembre del pasado año para extender su aplicación, a modo de penalización, a los concellos, que hasta ahora están libres de su pago. Este cambio se introdujo con la aprobación de la ley contra la sequía y como medida de presión para estimular a los municipios a reparar las fugas de las traídas de agua, dado que algo más del 27% se pierde un estado deficiente de las tuberías.
Así que la norma, que entró en vigor este año, da un plazo de un año a los concellos para que instalen contadores y así poder medir el agua que se pierde entre la captación y la distribución para los hogares, a lo que se añadirá otro plazo de dos años para reparar las fugas. Cumplido el tiempo, la Xunta les aplicará el canon si las pérdidas superan el 20%, cobrándoles una parte fija de 2,57 euros por mes más una parte variable de 29 céntimos por metro cúbico de agua que se pierda por la red de distribución.
