El pacto entre el Gobierno central y ERC para impulsar una armonización fiscal, objetivo ya planteado en el pasado por los socialistas e incluso por un comité de expertos creado por el Ejecutivo del PP de Rajoy, ha avivado el debate sobre la competencia entre las comunidades para captar inversiones y habitantes gracias a su gancho fiscal. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se alineó con su partido a la hora de criticar el acuerdo por entender que deja en manos de los independentistas “manipular las políticas fiscales”, pero se alejó del ala dura popular al mostrarse favorable a armonizar impuestos a la baja.
“Armonizar no tiene por que ser subir, armonizar puede perfectamente bajar, y armonizar con unas horquillas de impuestos transferidas por el Estado a las comunidades para bajar a nosotros nos interesa"
Eso sí, rechazó la “imposición” de Esquerra y que la armonización se realice a costa de subir impuestos. En el pasado, ya había alertado de la competencia para Galicia no solo de la menos presión fiscal de Madrid, sino de Portugal. El pacto con ERC, dijo, pretende “manipular las políticas fiscales”.
En su opinión, debe mantenerse margen de actuación dentro de unos límites “máximos y mínimos”, permitiendo mayor autonomía para las comunidades saneadas, pero no forzar subidas impositivas porque “a Cataluña no le llega”
El melón de la armonización fiscal fue abierto por primera vez en 2017 por parte de la entonces presidenta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, que se quejó de las ventajas fiscales de Madrid en tributos como Patrimonio o Sucesiones, beneficiándose del efecto imán de la capitalidad y de la atracción como sede empresarial, potenciado por la configuración de la red de transportes radial en torno a esta comunidad.
Ese mismo año, un comité de expertos creado por el Ejecutivo de Rajoy abogó por “restringir la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota” en los impuestos transferidos y estudiar “la posibilidad de introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales”.
Hace dos años, al poco de llegar a Moncloa, el Gobierno del PSOE abogó por eliminar las rebajas fiscales aplicadas por Galicia a las herencias que habían beneficiado a 161.000 gallegos, al eximir de cargas legados inferiores a 400.000 euros. Quería un tipo fijo para todas las autonomías. Una subida impositiva generalizada o el establecimiento de márgenes superiores a los actuales pondría en riesgo esa exención fiscal en Galicia, que hizo descender la recaudación un 40%.
El asunto resucitó hace dos días cuando Gabriel Rufián (ERC) anunció un acuerdo para dar su apoyo a las cuentas del Gobierno central para 2021 a cambio de varias prerrogativas, entre ellas combatir el “paraíso fiscal” de Madrid, que compite de forma desleal con el resto de comunidades mediante grandes rebajas fiscales, continuó. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió establecer horquillas impositivas y la tormenta se desató.
El PP salió en tromba a criticar lo que considera nueva cesión a los socios del Ejecutivo y a defender al gobierno autonómico de Madrid. Pablo Casado, líder del PP, avanzó una “batalla” contra los intentos de subir impuestos. “Las comunidades donde gobierna el PP van a seguir bajando impuestos, porque se crea más empleo, se recauda más y recaudando más se puede tener mejores colegios, mejores hospitales y mejores servicios sociales”, declaró sobre un debate ideológico en el que la izquierda cree que una rebaja excesiva de impuestos debilita el Estado del Bienestar y perjudica a las rentas bajas. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), no escatimó vehemencia:
“Seré la peor pesadilla de quien quiera tocar el bolsillo de los madrileños para pagar la fiesta al independentismo”.
Feijóo, en cambio, rebajó el tono. Y su postura fue secundada por otros barones del PP. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, criticó que una fuerza “independentista quiera condicionar al resto de comunidades la autonomía fiscal” y pidió que “si se quiere equiparar, que se equipare por abajo” y se bajen en Cataluña. “Siempre debe ser a la baja y nunca al alza”, añadió su homólogo murciano, Fernando López Miras, misma postura que el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, declaró que “no es un tema que ni que haya ocurrido ahora, ni que sea fácil, ni que sea rápido, pero sí que está pendiente en la agenda de este país desde hace ya mucho tiempo”. “Los territorios han ido desarrollando impuestos que le han sido transferidos, otros que le son propios, y cuando pasa el tiempo se produce esta situación en la que unos españoles sienten que tienen mucha presión fiscal, otros sienten que tienen mucha menos, y todo eso hay que ajustarlo”, alegó.
