El Estado cambia de estrategia y pide ser depositario provisional de los bienes del pazo de Meirás

La jueza Marta Canales aplaza la vista hasta el próximo miércoles tras presentar la Abogacía del Estado un escrito de alegaciones a la petición de los Franco de posponer la entrega del inmueble para darles dos meses “al menos” para la mudanza. En su escrito, la defensa del Estado se opone nuevamente al traslado de bienes, pero cambia su estrategia y opta ahora por solicitar el depósito cautelar de los mismos hasta que haya una sentencia definitiva sobre la propiedad del pazo de Meirás.

La jueza ha admitido a trámite la petición de medidas cautelares de la Abogacía del Estado y aplaza la vista para “dilucidarlas de forma conjunta” al escrito de oposición de los Franco, que ha recurrido la prohibición de retirar bienes del pazo al entender que no fueron objeto de litigio y que pide que se destruya el inventario por vulnerar su derecho a la intimidad.

La Abogacía del Estado reclamó inicialmente medidas cautelares para impedir el “vaciado” del pazo de Meirás y alegó que, como Bien de Interés Cultural, gozaba de protección integral “que se extendía a todos sus elementos y componentes” y demandó la elaboración de un inventario para “preservar la integridad del bien, asegurar que no se vulneren las medidas de protección que recaen sobre el mismo y que el derecho a la propiedad del Estado sobre el inmueble y todos sus elementos o pertenencias no se vea comprometido de cara a una eventual ejecución definitiva.

Los servicios jurídicos del Estado mantienen su petición de un inventario detallado de los bienes muebles, pero solicitan posponer el debate sobre su titularidad hasta que exista una sentencia definitiva y piden en cambio que se declare a la Administración General del Estado depositaria de los bienes del pazo de Meirás, “salvo de los enseres de estricto uso personal” o aquellos que, “por sus características, nada aporten a la significación del pazo de Meirás como Bien de Interés Cultural”, que podrán ser retirados por los Franco.

En un escrito de nueve páginas al que ha tenido acceso este diario, la Abogacía del Estado califica de “un tanto simplista” la argumentación de los Franco y cuestionan que pretendan que el pazo de Meirás reciba el tratamiento de un “bien ordinario”. Los abogados recuerdan que se trata de un Bien de Interés Cultural con la categoría de sitio histórico, ligado a su pasado como residencia de Emilia Pardo Bazán y del dictador. El BIC, inciden, está “intimamente ligado al mantenimiento de la unidad de todos sus elementos integrantes”, por lo que la “retirada de todos los muebles y elementos que existen en el pazo de Meirás podría menoscabar su utilización provisional como Bien de Interés Cultural”, argumenta la Abogacía del Estado. Los servicios jurídicos del Gobierno consideran “patente” que, hasta que exista una sentencia definitiva, “no debe destruirse la unidad de los bienes que la conforman” y que los bienes deben permanecer en el pazo bajo un depósito de la Administración General del Estado.

Los letrados del Estado entienden que los Franco no sufrirán “perjuicios de carácter irreparable” por la “privación temporal de la posesión de los muebles” y argumentan que su petición permitirá mantener los plazos de la entrega provisional del pazo, fijada para el 10 de diciembre.

Declarada BIC la biblioteca de Pardo Bazán

La biblioteca de Emilia Pardo Bazán, incluidos los casi 3.000 volúmenes que permanecen en el Pazo de Meirás, cuentan desde ayer con la protección que corresponde a los Bienes de Interés Cultural (BIC). El expediente se publicó ayer en el DOG. La Real Academia de Galicia (RAG) confía en que esta declaración BIC permita reunir en breve los libros de la biblioteca de Pardo Bazán, de manera que los 3.000 volúmenes de Meirás se sumen a los 8.000 depositados en la sede de esta institución. Pero, al contario que la RAG, el Ayuntamiento de Sada defiende que los libros no deben salir de Meirás.